Turnada a comisiones para su análisis y dictaminación, la iniciativa de la legisladora por el municipio de Manzanillo menciona que a pesar de que la llamada “ley de la burocracia” define que “trabajador público es todo aquél que preste un trabajo en cualquiera de las entidades o dependencias públicas”, por no existir una disposición legal que reconozca de manera expresa la calidad que de trabajador tienen los miembros de los distintos cuerpos policíacos en el estado y municipios, ha ocasionado que en los tribunales laborales y contencioso-administrativo del estado, se presente un problema de interpretación de la norma, en cuanto a si los integrantes de los cuerpos de seguridad pública deben ser considerados para los efectos legales.
Meza Oregón aseguró que en ese tenor, se emitieron ya criterios jurisprudenciales por el Poder Judicial de la Federación, de donde se concluye que los policías sí son trabajadores del Estado, y por tanto gozan de los derechos de la seguridad social.
La diputada panista consideró necesaria la reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, para reconocerles expresamente la categoría de trabajadores a los integrantes adscritos a las direcciones de seguridad pública y vialidad municipales y del estado, a fin de que desde la propia ley queden garantizados los derechos que como trabajadores tienen y evitar problemas en la interpretación de la norma, en detrimento de los propios policías.
“De aprobarse la presente iniciativa, se instituirá la obligación de que los reglamentos de las diversas corporaciones policiales en el estado y municipios, regulen el derecho de sus integrantes a jubilarse y pensionarse, así como todos los derechos inherentes a todo trabajador de confianza”, señaló Martha Meza.
Con el objeto de proporcionarles a los miembros operativos de los servicios policiacos municipales de tránsito una mayor estabilidad laboral, en su iniciativa la legisladora también propuso que al cambio de administración pública municipal que ocurre cada tres años, no afecte en nada los derechos laborales que la Ley les concede, ya que es un problema que cada cambio de administración municipal, son injustamente despedidos u obligados a firmar la renuncia, sin recibir ninguna contraprestación laboral a cambio, “y no es posible que seamos omisos ante dicha problemática”.