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Colima.- “El problema del programa bracero está controlado por el estado, excluido de los medios de comunicación, manipulado por los sectores de representación popular, mientras que los trabajadores están fuera de las políticas públicas que los puedan ayudar”, dijo Karla Covarrubias Cuéllar, investigadora de la Universidad de Colima, al dictarla conferencia “La cofradía identitaria. La memoria colectiva transnacional de trabajadores braceros colimenses”.
Y es que de acuerdo con la investigación realizada por académicos de áreas como psicología, trabajo social, comunicación y el CUIS de la UdeC, dicho programa no sólo afectó la economía de las familias, sino que cambió su estructura.
Algunos de los entrevistados, dijo Karla Covarrubias, “tuvieron ausencia paterna; las madres se convirtieron en el pilar de la familia, los hijos trabajaron a temprana edad. El apoyo de los suegros y la familia parental fue importante en este tiempo. Las mujeres, al verse solas, se alejaron de la pareja; además, cuando ellos querían regresar a su país, eran las familias quienes pagan los pasajes.”
Lo que inició como un programa prometedor en 1942, cuando el gobierno de los entonces presidentes Franklin Roosevelt de Estados Unidos y Manuel Ávila Camacho de México firmaron un programa binacional que pretendía construir un fondo de ahorro, no resultó del todo cierto. Se estima que cinco millones de trabajadores mexicanos trabajaron en zonas agrícolas durante los veintidós años que duró el programa.
“Otras investigaciones señalan que el programa al inicio fue exitoso; sin embargo, con el paso de los años se fueron cerrando las condiciones y clausulas sin que los trabajadores lo supieran; más tarde sería silenciado por las autoridades y hasta el sexenio del presidente Fox iniciarían las manifestaciones”, mencionó la también académica de la Facultad de Letras y Comunicación.
Sin duda, dijo de manera tajante la investigadora, “el programa está destinado a desaparecer sin rendir frutos”. La mayoría de los trabajadores ahora son personas de la tercera edad; “algunos de ellos ya murieron y en otros casos son sus esposas o hijos quienes exigen el pago; sin embargo, la autoridad dice que sólo es el trabajador quien, con sus respectivos documentos, tiene el derecho a reclamar el fondo.”
Para Covarrubias Cuellar “es indignante que los gobernantes cada vez les pongan más trabas para que puedan obtener el dinero que por derecho les corresponde. En las entrevistas que hicimos, los braceros nos dijeron que les pedían documentos que no les dieron; ellos les enseñaban los uniformes de sus trabajos y les decían el nombre de las empresas, mientras que los funcionarios se limitaban a pedir documentos para realizar el trámite”, comentó.
Respecto a la postura de Estados Unidos frente al problema, la investigadora de ciencias sociales dijo: “el país norteamericano se deslinda totalmente, fue un convenio que se hizo con México, donde era nuestro país el que tenía que realizar los pagos; eso nos dicen los braceros que se han manifestado en aquel país. Pero realmente aún no terminamos de entender lo que pasó y qué pasa ahora con ese dinero”.
Sin duda, mencionó Covarrubias Cuéllar, las familias seguirán exigiendo el pago del fondo de ahorro, pero sobre todo que se les reconozca su trabajo, tanto en Estados Unidos como en México. Adelantó que pronto presentarán un libro que recopila todas las aristas que dicha investigación tuvo y que espera que más investigadores y estudiantes se sumen.