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Corea del Sur.- El exministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Yong Hyun, fue arrestado formalmente el miércoles por su participación en la imposición de la ley marcial la semana pasada. Las autoridades investigan si sus actos, realizados en colaboración con el presidente Yoon Suk Yeol, constituyen rebelión, un delito que podría conllevar la pena de muerte.
La ley marcial, que duró solo seis horas, generó una fuerte controversia en el país, con protestas masivas y cuestionamientos legales. Es la primera vez en más de 40 años que se aplica una medida de este tipo en Corea del Sur. Además, el Ministerio de Justicia ha prohibido a Yoon y a otros ocho funcionarios salir del país mientras avanzan las investigaciones.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl emitió la orden de arresto contra Kim Yong Hyun, argumentando que sus acciones representan un delito grave y existe riesgo de destrucción de pruebas. Kim es señalado como el responsable de recomendar la imposición de la ley marcial al presidente Yoon y de enviar tropas para bloquear el acceso de legisladores a la Asamblea Nacional, impidiendo inicialmente una votación que habría revocado el decreto.
Durante una audiencia parlamentaria el martes, Kwak Jong-keun, comandante del Comando de Guerra Especial del Ejército, declaró que Kim le ordenó desplegar tropas para evitar que los legisladores ingresaran a la cámara principal. Según Kwak, Yoon también lo llamó directamente para instruirle que “destruyeran rápidamente la puerta y sacaran a los legisladores que estaban adentro”. Sin embargo, las órdenes fueron desestimadas tras concluir que no podían ejecutarse sin violar gravemente las normas democráticas.
El parlamento, dominado por la oposición del Partido Demócrata, aprobó el martes la creación de un equipo de fiscales especiales para investigar a Yoon y a otros altos funcionarios. Argumentan que los fiscales generales, quienes respondían al propio Yoon como exfiscal general, no pueden llevar a cabo una investigación imparcial. Además, presentaron mociones para acusar al jefe de policía y al ministro de Justicia de Yoon, mientras presionan por la destitución de otros altos funcionarios.
Kim Yong Hyun asumió toda la responsabilidad en un comunicado, donde ofreció disculpas públicas.
“Toda la responsabilidad recae exclusivamente en mí”, declaró. También pidió indulgencia para los soldados desplegados, argumentando que simplemente cumplieron órdenes.
Desde su elección en 2022, el presidente Yoon Suk Yeol ha mantenido una relación tensa con el parlamento, controlado por la oposición. El decreto de ley marcial, según analistas legales, violó la Constitución surcoreana, que solo permite su aplicación en casos de guerra o emergencias nacionales similares. Muchos expertos coinciden en que el despliegue de tropas para interferir con la actividad parlamentaria equivale a un acto de rebelión.
En su anuncio de la ley marcial, Yoon justificó la medida afirmando que buscaba reconstruir el país eliminando a las “fuerzas antiestatales” y acusando a la oposición de ser “seguidores de Corea del Norte”. Desde entonces, el mandatario ha enfrentado una creciente presión para dimitir.
El sábado pasado, Yoon evitó el juicio político gracias al boicot de la mayoría de los legisladores de su partido, quienes no asistieron a la votación. Sin embargo, la oposición planea una nueva votación y podría lograr que el impeachment avance. Si esto ocurre, los poderes presidenciales de Yoon quedarían suspendidos hasta que el Tribunal Constitucional determine si lo destituye o restablece en su cargo. Una destitución forzaría a Corea del Sur a convocar nuevas elecciones presidenciales.
Con información de Excelsior