Y presentó una iniciativa de ley para adicionar el artículo 143 BIS en el libro segundo, título tercero, capítulo primero de los delitos, con motivo de tránsito de vehículos del Código Penal para el Estado de Colima, para tipificar el delito de “prestación ilícita del servicio público de transporte”.
Hace unos días, en operativo conjunto la Dirección General de Transporte del Gobierno del Estado y la Dirección de Vialidad del Ayuntamiento de Colima, detuvieron 11 unidades que prestaban el servicio de taxis piratas, incluso portaban placas de otros estados.
Al abordar el tema en la tribuna legislativa, Nicolás Contreras apuntó que funciona el servicio de taxis piratas o con placas sobrepuestas; “siendo producto de compromisos políticos inconfesables, mientras que desde hace varios años, la entrega de concesiones no se ha manejado con pulcritud.
Retomando notas periodísticas, el diputado por el segundo distrito indicó que el problema es añejo. En 2004, se denunció el aumento de taxis piratas en la ciudad; 2005, la Unión de Taxistas pidió la concesión de sus vehículos y denunció a un partido político en donde hay acuerdos para que trabajen taxi piratas de la Asociación de Taxistas Rey Colimán y en el 2006, se presentan quejas en contra del exdiputado local y federal del Partido del Trabajo (PT), Joel Padilla Peña.
Nicolás Contreras retomó las palabras vertidas el 31 de mayo de 2005 por el entonces diputado del PRD, Armando González Manzo, actual director general de Transporte, en el cual refiere que los verdaderos trabajadores del volante durante mucho tiempo han escuchado promesas vanas.
En los gobiernos de Elías Zamora Verduzco, Carlos de la Madrid y Fernando Moreno, fue una promesa que los verdaderos trabajadores del volante recibirían concesiones, pero se siguen viendo nombres de personas que reciben concesiones de taxis sin justificación.
Denunció que funcionarios, dirigentes sindicales y de organizaciones y sectores priístas, tienen no una, sino diez concesiones, incluso funcionarios, llegó a darse el caso que las concesiones se utilizaron para beneficiar a la reina de la feria.
Contreras Cortés dijo que González Manzo denunció el mercado negro “la concesión no se puede vender, sin embargo todo mundo puede conseguir en el mercado negro”, y lamentó que las autoridades no quieran reconocer la realidad de los taxis piratas, “es una realidad, es un problema el pirataje, la concentración de concesiones y el mercado negro”.
Luego, el diputado de Nueva Alianza indicó que se acaban de entregar concesiones de taxis al concluir el gobierno de Silverio Cavazos, y se siguen entregando. Y cuestionó “sabemos a quiénes se les entregaron, quiénes son las personas que se beneficiaron. En aquel momento se publicó una lista, luego se publicó otra y se han seguido entregando”. Mencionó que él ha recibido en el Congreso a taxistas con 20 y hasta 30 años de servicio que no recibieron su concesión de taxi.
Confió en que el actual director de Transporte “va a corregir las pendejadas que hizo la anterior dirección (Fidel Checa Alcaraz) con el solapamiento de la anterior administración, porque no se puede decir de otra manera, hay que decir las cosas como son; son verdaderas pendejadas lo que se hizo de publicar una lista y dejarla sin efecto y publicar otra y dejar a la gente que tiene derecho y años como trabajador del volante”.
Mencionó que la semana pasada recibió a un grupo de personas trabajadoras del volante que expresaron su malestar y su molestia porque eran de ellos algunas de las unidades detenidas trabajando como piratas en Transporte Público.
“Ellos están en medio del sándwich porque están conscientes de que son compromisos políticos, los que los tienen en esa circunstancias. Basta de que nos beneficiemos algunos de una práctica tan noble como es el trabajador del volante. Hay que dejarlos que sean ellos los que trabajen y se beneficien”, enfatizó Contreras.
Propuesta
Al aclarar que su propuesta está enfocada en contra de aquellos que se han beneficiado de los acuerdos políticos en las concesiones de taxis, presentó la propuesta de adición al Código Penal del Estado.
El artículo 143 BIS quedaría: “A quien preste el servicio público de transporte en vehículo que carezca de la concesión o permiso correspondiente, se le impondrán de tres días a tres años de prisión y suspensión hasta por un año del derecho de manejar automotores dedicados al transporte público”
“A quien sea propietario de uno o más vehículos dedicados a esta actividad o al que obtenga un lucro por la prestación del servicio público de transporte sin concesión por sí mismo o a través de terceros, se le impondrá una pena de tres meses a tres años de prisión y suspensión por hasta por un año del derecho de manejar automotores dedicados al transporte público”.
En caso de reincidencia de los supuestos anteriores, procederá la privación definitiva del derecho de manejar automotores dedicados al transporte público.