El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, José González Morfín, indicó que difícilmente los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) van a lograr las dos terceras partes de votos que se requieren para designar al suplente del ex procurador general de la República.
En entrevista consideró que lo más deseable es regresar a un Instituto Federal Electoral (IFE) ciudadanizado y los cinco consejeros electorales que se vayan a nombrar en octubre no sean producto de cuotas partidistas y estén desvinculados de los partidos políticos.
Hizo notar que la convocatoria que se emitió para elegir al sustituto del ex secretario del Trabajo en el IFE, apenas tuvo el apoyo de la mayoría para que se publicara, pero no tiene el respaldo de todos los grupos parlamentarios.
Lo más deseable, abundó, es que este organismo recuperara la esencia con la que nació y que es su ciudadanización y “ojala en este proceso se pueda encontrar a esos ciudadanos comprometidos con las instituciones y la democracia.
“Esperemos que haya un Granados Chapa o un José Woldenberg que siempre velaron por el interés del país y por avance democrático de nuestra nación, así como por el respeto a las instituciones” , aseveró.
Consideró que existen muy pocas posibilidades de que se pueda designar al sustituto de García Ramírez, pues el PRI y PVEM difícilmente podrán lograr las dos terceras partes para designarlo.
Sin embargo, aclaró, “si hubiera un candidato que lograra el apoyo de todos los partidos políticos, para llevarlo al pleno para su aprobación.”
Aclaró que nadie puede imponer mayorías en la Cámara de Diputados, por eso “sería deseable regresar al espíritu original que permitió crear a este organismo.
Reconoció que existe el riesgo de que no sea aprobado en abril el nuevo consejero electoral, pero también es una oportunidad para lanzar una convocatoria para elegir a los cinco funcionarios que van a ocupar los espacios en octubre próximo.
En otro tema, el legislador de Acción Nacional consideró que los gobiernos de los estados que han tolerado la proliferación de guardias comunitarias, están generando un gran riesgo para el país.
Subrayó que el Estado y las autoridades legalmente constituidas tienen obligación de proveer seguridad a los ciudadanos y no dejar esta responsabilidad en manos de organizaciones ajenas cuyos vínculos se desconocen.
También, aseguró que el Ejército ha cumplido con la responsabilidad que combatir al crimen organizado y de estar en la calle para garantizar la seguridad de la población ante los embates de la delincuencia organizada.