TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana.
Hace treinta días, la Secretaría de Educación comunicó que tras una auditoría encontró diversas irregularidades en la aplicación de diferentes programas que impactan, de pasada, negativamente, el código de conducta de los servidores públicos que allí laboran y que, en términos financieros, derivan en actos que ameritan corrección inmediata y devolución de los recursos que se hubiesen sustraído.
Esa declaración fue del propio secretario de Educación, que tiene la encomienda de enderezar las cosas que andan mal en su dependencia, área que ha de ser ejemplo de pureza y buenas maneras. Es, a no dudarlo, casa de cristal y caja de resonancia; si anda bien la educación, todo es miel sobre hojuelas para Colima, pero si anda mal es que en algo se está fallando y hay que corregir lo que sea necesario. Los ciudadanos quieren saber, o al menos percibir de ese sector que los procesos que maneja acontecen en un ambiente de pulcritud y progresividad.
Ahora mismo, el secretario Adolfo Núñez ha dicho que “había” delincuentes de cuello blanco en ese sector que estaban coludidos con algunos constructores para cobrar conceptos que no se hacían al rehabilitar planteles educativos.
Reveló también que el Incoifed, al que toca por ley rehabilitar y construir espacios escolares, “se prestó para dar fe de que las obras se hacían sin que ello fuera así”. Y finalmente, en su crítica, dijo que en el gobierno estatal no se permitirán esas irregularidades y que los padres de familia y los maestros podrán acceder a los informes que se generen a fin de que sepan qué es lo que se hizo en cada unidad escolar en temas de trabajo reparatorio.
Por la naturaleza y cuantía de los presupuestos que maneja la Secretaría de Educación, es obvio que no faltan los que aprovechan esa circunstancia para hacer fraudes y afectar los intereses de la comunidad traficando influencias. Incluso gobernadores la ven como caja chica. En el caso denunciado por el secretario Núñez se calcula la existencia de contubernio entre instituciones y empresarios que no son partidarios de la integridad en el servicio público, sino al revés: buscan un beneficio mayúsculo no obstante que las obras asignadas regularmente por la SE son de índole millonaria.
Me gustaría escuchar que esa Secretaría pondrá énfasis en recuperar los recursos desviados, desperdiciados o hurtados para que tal acción sea emblema de una época nueva, a tono con la 4T. Ayudaría mucho a levantar la imagen de una Secretaría que debe ser ejemplo, como entidad normativa, de una tarea fundamental para la evolución social.
Algunos investigadores han asumido que la presencia de prácticas de corrupción en la gestión de sistemas educativos reduce la probabilidad de lograr una adecuada distribución de oportunidades educacionales, y están en lo cierto. Sin embargo, pese a su relevancia como un factor que contribuiría a generar mayores desigualdades en los sistemas educativos, se dispone de un limitado número de estudios sobre el tema. Lo que sí se sabe con certeza, es que a pesar de los desvíos que ocurren en dependencias del sector, a nadie le aplican la ley como debe ser. Todo queda como en familia. Nadie sabe, nadie supo, es lo que prevalece respecto a asuntos cuyas características obliga a transparentarlos pues hay dinero público de por medio.
Las malas prácticas en el nivel central y regional de los organismos educativos no son esencialmente distintas de las prácticas reportadas en otras áreas de gobierno: en todos los estudios que se hacen para conocer la realidad educativa en el país o en determinada región, se han encontrado casos de malversación de fondos, desvíos, clientelismo, trabajadores “fantasma” y pagos injustificados, Se ha averiguado también la existencia de múltiples mecanismos y factores que resultan en una apropiación de recursos públicos para fines privados, destacando la falta de cumplimiento de normas para favorecer el incumplimiento de obligaciones a ciertas personas o grupos.
Esto es precisamente lo que dice haber hallado el secretario Adolfo Núñez en sus pesquisas: la transferencia neta de recursos públicos hacia constructores inescrupulosos a los que debería obligarse a restaurar los trabajos que no hicieron en los planteles pero que sí cobraron. Digamos que eso sería lo mínimo respecto a un comportamiento ilegal cuanto oprobioso desde cualquier ángulo que se le mire. Y en cuanto a funcionarios que se hayan prestado a esas prácticas ilegales, han de aplicárseles correctivos fuertes para que esta acción sirva como escarmiento eficaz.
Adolfo Núñez no debe parar en ese afán de resolver las malas conductas en la educación. Tiene el apoyo absoluto de la gobernadora para impedir que sigan ocurriendo anormalidades que evidencian corrupción.