Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz*
A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunciaron el acuerdo de medidas para el regreso a clases presenciales. Este pacto se suscita justo antes del 7 de junio, fecha que ha sido marcada insistentemente por la autoridad educativa federal como plazo para la reapertura de escuelas. Si bien la mayor parte del contenido del comunicado es irrelevante, pues se trata de disposiciones ya presentes en documentos oficiales, sus vacíos dicen mucho acerca de la postura del SNTE.
De manera general, el acuerdo señala que, para el regreso a clases, la asistencia de toda la comunidad educativa, incluyendo a docentes, será voluntaria. Asimismo, indica que la reapertura estará enmarcada en el cumplimiento de las normas y protocolos de la autoridad sanitaria. Además, menciona a la vacunación de docentes y el semáforo epidemiológico verde como dos de las condiciones para regresar a las escuelas. Sorprende que, en un acuerdo entre la autoridad educativa y el sindicato magisterial, se incluyan medidas relacionadas directamente con los alumnos: la no obligatoriedad de adquisición de material escolar adicional y del uso de uniforme.
Aunque ciertamente la costumbre basada en los hechos cotidianos atenúa las expectativas, mucho más se esperaba de una organización que representa los intereses de los trabajadores de la educación en relación a sus derechos laborales. No hay, en el breve comunicado, una sola referencia a las condiciones materiales en las que sus agremiados desempeñan su labor. No se exige, por ejemplo, que la autoridad educativa participe en el equipamiento sanitario de las escuelas, tampoco condiciones de infraestructura mínimas para un regreso seguro a la enseñanza presencial. ¿Por qué no pedirle al gobierno una validación de los espacios de trabajo? ¿Por qué no le exigió el SNTE a la autoridad educativa ni un botecito de gel antibacterial?
El acuerdo no establece la atención médica de los agremiados al SNTE como condición para la vuelta a las escuelas, precisamente en un regreso donde el cuidado de la salud será prioritario. ¿Por qué nada de esto se mencionó cuando existen muchas entidades en las que los docentes reciben servicios médicos deficientes? No hay pues una postura firme del sindicato en torno a las condiciones de trabajo y los derechos de sus representados. Es claro que la batuta del acuerdo fue tomada por la autoridad educativa.
Así pues, operativamente el acuerdo tiene escaso valor, pues lo establecido en él ya era del conocimiento de toda la comunidad educativa. Pareciera incluso que ni siquiera se trata de un acuerdo, ya que no refleja decisiones tomadas en común, sino la ratificación de aquellas que la autoridad ya había expresado con anticipación. El comunicado con el que se da a conocer este acto refleja además la tibieza con la que el SNTE enfrenta asuntos de interés de sus representados ante la autoridad. El hecho de que al SNTE “preocupe” si los alumnos asistirán uniformados o con libros nuevos, pero no las condiciones físicas de trabajo de sus agremiados, dice mucho de sus verdaderas intenciones.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter: @proferoger85