Por: Ángel Durán.
La seguridad en Colima, es el tema de mayor importancia que tiene que atender el Estado. Lo que hoy ocurre, genera incertidumbre familiar y social, de ahí que su lucha no les corresponde solamente a las autoridades policiacas, si no al Estado como tal, y éste luego combatir los hechos delictivos por conducto de sus instituciones.
Es él, el que debe coordinarse a través de todas las instituciones que tienen el objetivo de garantizar la seguridad, y lleven a cabo los esfuerzos adecuados y conforme a la ley; pero con base en una estrategia para combatir las causas que la generan.
La mayor preocupación social, es debido a que no se ve una estrategia integral para enfrentarla, tampoco hay información que ayude a evitarla y menos que exista una estrategia de seguridad que como sociedad podamos tomar en cuenta para no ser víctima de un hecho delictivo. Es esta inacción del Estado la que provoca mayor preocupación.
Hoy tenemos un vocero designado por el Estado para este tema, sin embargo, su actuación, básicamente se circunscribe a informar noticias de hechos delictivos ocurridos; pero de su información, no mucho le sirve a la sociedad para la mejor toma de decisiones y evitar ser víctimas del delito. De ahí la importancia que el Estado sin dejar su función a un vocero, tiene que trabajar en sinergia con todas las instituciones encargadas de la seguridad pública, trabajar en ello y que esas acciones se reflejen en buenos resultados. Si no se hace esto, la sociedad se irá desesperando y subiendo de tono su rechazo.
En la entidad, se han incrementado los homicidios dolosos, las extorsiones, los robos en general, pero más, los de casa habitación, la desaparición de personas, los feminicidios; y en todos estos hay impunidad total.
La información al respecto que pueda ayudar a la sociedad a enfrentar esta problemática en general, no se está garantizando a pesar de que existe como derecho humano, tanto en la Constitución federal como en la carta magna local, en su artículo 5º. Omisión que se traduce en una grave violación colectiva del derecho a recibir información a la población y evitar ser víctima de un delito.
El Estado podrá defenderse y argumentar, que está trabajando sobre el tema de seguridad y que es el tema principal en el que se mantiene; sin embargo, estas declaraciones no es lo suficiente para garantizar el derecho a la seguridad de las personas y el derecho humano a la paz pública que también es un derecho fundamental de cada persona; sino que, es necesario que esas declaraciones provengan de las autoridades competentes y que sean acorde a la realidad social en la que vivimos.
Lo cierto es que, las declaraciones de que se está atendiendo esta problemática, no la están validando los resultados, ni tampoco se ve una estrategia del Estado en donde genere la confianza de la sociedad, que sí se está trabajando seriamente en combatir el tema de inseguridad pública.
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