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México está por tomar una decisión clave para su futuro energético y el de sus recursos naturales. Busca firmar un plan de acción con Estados Unidos, con el objetivo de asegurar el suministro de minerales críticos, aquellos que son necesarios para almacenar y conducir energía, como baterías o paneles solares, pero que también son vitales para la industria digital y de armas. Esto ha encendido las alertas en ambientalistas, comunidades, académicos y especialistas que advierten cómo este acuerdo puede ampliar conflictos socioambientales en territorios indígenas, debilitar la regulación a la minería y generar más zonas de sacrificio en el país.
Estos minerales esenciales para la transición energética incluyen litio, cobre, plata, zinc, plomo, molibdeno y manganeso. También se están explorando la presencia de grafito y tierra raras. Estos últimos son un conjunto de 17 elementos químicos esenciales para el desarrollo de la tecnología.
Si bien el acuerdo apenas está en una etapa de consultas entre ambos países para presentar en 60 días las alternativas para suministrar los minerales, este proceso avanza sin mencionar aspectos como la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas, los impactos socioambientales o la reglamentación (aún inconclusa) de la ley minera en México.
Estas discusiones también ocurren en medio de medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, como la recuperación de 1126 concesiones mineras debido a la falta de pagos de cánones por parte de las empresas o por omisiones en informes estadísticos o de obras que demuestren que la concesión no sea solo con fines especulativos.
Ambientalistas, académicos, biólogos y personas afectadas por la actividad minera en México cuentan a Mongabay Latam los riesgos que representa este acuerdo si no se hace de forma transparente y tomando en cuenta los derechos ganados y defendidos durante años para proteger los recursos naturales y a las comunidades que dependen de ellos.