Edgardo Zamora | CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- En Colima, autoridades estatales investigan a funcionarios públicos que podrían enfrentar responsabilidades penales y administrativas por presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones.
Al respecto, la contralora general del estado, Isela Uribe Alvarado, evitó proporcionar mayores detalles para no afectar el debido proceso de las indagatorias que actualmente se encuentran en curso.
En el marco del Noveno Encuentro de Autoridades Investigadoras y Sustanciadoras, realizado en la entidad, la funcionaria explicó que estas instancias actúan como una especie de “Ministerio Público administrativo”, encargadas de integrar los expedientes cuando se detectan posibles anomalías en el servicio público.
Uribe Alvarado resaltó que en los casos considerados como faltas administrativas graves —como peculado, abuso de funciones o enriquecimiento ilícito— los expedientes son remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa, instancia encargada de determinar la sanción correspondiente. En contraste, cuando se trata de faltas menores, la resolución puede emitirse directamente por la vía administrativa.
RESPONSABILIDAD SIN IMPORTAR JERARQUÍAS
Durante el encuentro se destacó que toda persona servidora pública, sin importar su nivel jerárquico, está sujeta a responsabilidades derivadas del ejercicio de sus funciones.
“Lo importante es entender que la falta no se comete como ciudadano, sino en el ejercicio del servicio público, y por ello existen sanciones administrativas independientes de las penales”.
Asimismo, mencionó que uno de los principales objetivos de la reunión es unificar los criterios con los que las distintas entidades del país investigan, sustancian y resuelven este tipo de procedimientos, buscando una mayor uniformidad en la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual es de observancia nacional.
Añadió que, aunque cada estado cuenta con particularidades en su legislación, este tipo de encuentros permite compartir experiencias y fortalecer criterios comunes, siempre dentro del marco legal.
Finalmente, informó que como parte de los trabajos se analizarán 25 casos prácticos, entre los que destacan asuntos relacionados con hostigamiento laboral y sexual; conductas que, además de estar reguladas por otras leyes, adquieren relevancia administrativa al ser cometidas por servidores públicos en funciones.