Mientras el IFE ejercerá un presupuesto de 10 mil 613.2 millones de pesos para su operación y la organización de elecciones de 2012, Colombia ocupará este año (2011) el equivalente a 2 mil 774 millones, Brasil invirtió 3 mil 330 millones de pesos en sus elecciones presidenciales de 2010 y España 4 mil 456 millones para sus elecciones generales de este año. Estados Unidos, por ejemplo, proyecta para su elección presidencial (2012), un gasto de 837 millones de pesos para la Federal Election Commission, que fiscaliza a los partidos, y la Election Assistance Commission que apoya en la organización.
Los datos anteriores sólo contemplan la operación ordinaria de las autoridades y el gasto en organización electoral, excluyendo el financiamiento a partidos políticos que por ejemplo, en Colombia, Costa Rica y Chile, se realiza mediante el reembolso postelectoral de los gastos acreditados según lo permitido por la ley. Mientras en Colombia y en España las autoridades electorales pertenecen a alguna instancia de gobierno, en México, Chile, Costa Rica, Brasil, Canadá y Estados Unidos, estas autoridades cuentan con autonomía o son descentralizadas.
Sin embargo, México es el único país que expide una credencial para votar con fotografía que no está en manos del Registro Civil o el ministerio o Secretaría del Interior, como en los demás países, pues compete al IFE el levantamiento del padrón, su mantenimiento y la expedición del plástico. Además, a diferencia de las cédulas de identidad utilizadas en Colombia, España, Chile y Costa Rica, la credencial mexicana cuenta con 16 elementos para dificultar su falsificación, y tan sólo uno de ellos, el kinegrama, recopila ocho efectos de seguridad distintos.
En Brasil se utiliza una libreta especial para identificarse y un sistema biométrico a la hora de votar, mientras que en Canadá se puede sufragar con la licencia de conducir, el carnet de salud o llevando un testigo con alguna de las identificación anteriores. En adición, en Colombia y Costa Rica, son los tribunales electorales los que organizan, fiscalizan, vigilan y califican las elecciones, por lo que toda la responsabilidad de los comicios recae en una sola autoridad.
En cambio, en México, la justicia electoral está separada de la organización y depositada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.