Por José Díaz Madrigal
Un hombre debe hacer aquello que su deber le dicta, cualquiera que sean las consecuencias personales, cualquiera que sean los obstáculos, el peligro o la presión. Esta es la base de toda moralidad humana.
John F. Kennedy
Con el deber cumplido y sin rajarsele al presidente, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, apegado a derecho constitucional; emitió una resolución para suspender los efectos de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Esta ley impulsada por el gobierno de López Obrador, aprobada por legisladores de su partido y sus socios en el Congreso de la Unión. Desde antes que saliera de las cámaras legislativas, algunos juristas especializados en Derecho Constitucional; ya argumentaban que iba a salir muerta, por el motivo de quebrantar flagrantemente los mandatos de la constitución federal.
No tardó el tabasqueño en hacer rabietas en la mañanera. Denigrando, difamando y hasta amenazando al juez Gómez Fierro, por haber aceptado el amparo que presentaron empresas que se sienten agraviadas por la aprobación de dicha ley. De forma casi inmediata, López Obrador quiso que se investigue -sin aportar ninguna prueba- al respetable juez que hizo su trabajo con rectitud, sin dejarse amordazar por López Obrador.
En las resoluciones de este magistrado, ha sostenido que otorga las suspensiones porque no incentiva la competencia entre empresas; dando una posición dominante a CFE, contrario al texto constitucional; donde favorece la competencia entre productores de electricidad y así resulte beneficiado el usuario final, con tarifas más bajas.
Para que el mercado eléctrico, opere con eficiencia, bajo el dinamismo de la competencia entre empresas; es indispensable la concurrencia de diversos participantes en condiciones de equidad, es decir, piso parejo para todas las empresas. Cosa que no se puede cumplir sí cambian las normas para privilegiar el monopolio de la CFE.
En el ámbito internacional, México ha firmado diversos compromisos en materia de protección al medio ambiente, que deben ser cumplidos. Sí las reglas cambian para fomentar el uso de combustoleo o del contaminante carbón mineral – ambos prohibidos ya en muchos países precisamente por sucios para el medio ambiente- para la generación de energía eléctrica; desplazando de este modo a las fuentes de energías limpias, resulta obvio que no se va a poder cumplir con los compromisos internacionales que tiene nuestro país.
Por otro lado, a los mexicanos nos conviene un poder judicial fuerte, libre e independiente. Esto favorece la adecuada división de poderes en la república, en que también sale beneficiado el pacto federal y, de ese modo se respeta a estados y municipios. Aumentando la confianza de la ciudadanía en uno de los poderes, que es piedra angular para la justicia y la democracia.
El Estado de Derecho, se fortalece respetando la ley, nada ni nadie por encima de la ley. Un cimiento sólido, fuerte en las democracias; es un sistema judicial que tiene la capacidad de sujetar al orden jurídico a las autoridades. Donde no existe este principio que es fundamental para la salud democrática, por evidente razón se pierde credibilidad en el Estado de Derecho y en el poder judicial; sintiendo el pueblo en general, que los derechos ciudadanos no tienen garantía.
Desde grupos de la sociedad, organizaciones civiles y el pueblo en general, tenemos el deber de apoyar un poder judicial fuerte; en que las opiniones para los jueces sean de: imparciales, transparentes y justos. Que ninguna autoridad, así sea el mismo presidente de la república, esté excento de cumplir la ley a cabalidad.
En este panorama de contexto legal y, por la esforzada virtud de plantarle cara -como dicen los españoles- a un presidente despreciativo de la ley. El honrado juez Juan Pablo Gómez Fierro, es el MEXICANO DEL AÑO.