En las escalinatas de la casa Miguel Alemán, en la Residencia Oficial de Los Pinos, el jefe del Ejecutivo firmó el Decreto de la Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y ahí comentó que se requieren de medios que tampoco generen actos equivalentes de corrupción en los que la verdad de información esté también sujeta a transacción económica.
“Nuestro país requiere, también, de medios de comunicación fuertes, independientes, que investiguen con seriedad y responsabilidad, y que señalen con claridad a aquellos que están actuando, desde el Gobierno o la sociedad, contra México; medios que tampoco generen actos equivalentes de corrupción, donde la verdad de la información esté, también, sujeta a transacción económica”, expresó.
“Demanda empresas que honren, también, sus códigos de ética, que obedezcan la ley y que entiendan que la única manera en que en México se puede obtener una decisión de cualquier instancia de gobierno es a través del cumplimiento de la ley, y que la única manera de generar utilidades es compitiendo equitativamente y ofreciendo calidad y precio mejor que el de los competidores”, agregó.
Por ello, el jefe del Ejecutivo, consideró que “la única vía para terminar con la corrupción es actuando todos juntos y asumiendo todos nuestras responsabilidades. Por lo que al Gobierno respecta, mi Gobierno seguirá comprometido, hasta el último día, con la lucha en contra de este mal”.
“Punto final”
El presidente Calderón firmó el Decreto de la Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas, con lo que se pone “punto final” a “un cáncer” que vulnera a la sociedad y al Gobierno democrático.
“Es necesario erradicar la visión patrimonialista que prevaleció durante décadas entre funcionarios, entre algunos funcionarios que pensaban que trabajar en el gobierno era llegar a un arca abierta para enriquecerse”, señaló.
El mandatario citó como casos de corrupción el de la Comisión Federal de Electricidad. En noviembre de 2011, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer una red conformada por varios funcionarios que llegaron a cobrar hasta mil 320 millones de pesos en 232 juicios.
Indicó que la ley será aplicable a las personas físicas y morales, tanto mexicanas, como extranjeras, que realicen transacciones en México y que incurran en algún ilícito.
“Esto significa que estamos homologando la legislación mexicana con la de las economías más desarrolladas del mundo, y consolidamos la imagen de un México como la de un país confiable para las inversiones un país de certidumbre jurídica y un país de honestidad, que rompa para siempre, el estigma de la corrupción”, señaló.