En el marco de la cadena de informes municipales, de los legisladores locales, del rector de la universidad y del gobernador del estado, el reporte de la senadora se da en la favorable circunstancia de quien se ha anotado un triunfo moral, al haber propuesto una serie de medidas en materia de seguridad pública que la administración estatal tuvo que asumir por la fuerza de las circunstancias.
Hace unos días, cuando Mario Anguiano removió al director de la Policía Estatal, Héctor Bautista, para nombrar en su lugar a un militar de carrera, fue la senadora quien reivindicó el hecho, pues quién le puede negar que no había sido ella, precisamente la candidata a la gubernatura que más fuerte le compitió al ganador de la contienda, quien había venido demandando “un cambio de estrategia”.
En los dos informes que lleva, de los tres que piensa presentar, Sosa Govea ha insistido en la necesidad de una reforma legal para que el procurador general de Justicia en el estado sea electo por el Congreso, a propuesta del Ejecutivo.
De este modo, dijo la senadora, se garantiza que la sociedad sea la que elija al procurador del estado. Aunque aquí deberíamos matizar diciendo que esto ocurriría siempre y cuando los diputados locales se asuman como auténticos representantes del pueblo y no, como lo han demostrado tantas veces, como operadores de los intereses políticos del gobernador en turno, o, en su defecto, como opositores a ultranza del régimen y defensores de la línea que les marca su partido.
Cualquiera que sea la forma en que se decida el nombre del titular de la Procuraduría, la clave está en que éste cumpla una función de Estado, y que no sea una figura subordinada al mandatario estatal. De hecho, el espíritu de la Constitución le concede al procurador una cierta autonomía. Pero ésta es difícil de hacer valer cuando el procurador se siente parte del gabinete, y no un servidor público en la extensión de la palabra.
Hay países donde los fiscales son electos por sufragio popular. Y otros donde los persecutores de los delitos no se tientan el corazón a la hora de encauzar a quien los nombró, sin han faltado al cumplimiento de la ley. En México, semejante autonomía no la vemos ni siquiera al nivel de los ministros de la Corte Suprema.
Volviendo al informe de Martha Sosa, la senadora aseveró que tiene que ser el Congreso local quien designe al procurador, con base en una terna presentada por el mandatario estatal, que a su vez será alimentada por propuestas de parte de las organizaciones de abogados locales. Un proceso similar al que sigue para la elección de magistrados del Poder Judicial y consejeros de los órganos autónomos.
La otra gestión de Sosa Govea que me interesa resaltar es la continuidad de las obras del proyecto de la carretera de El Llano en Llamas, en el tramo correspondiente a Colima, con una inversión inicial de 27 millones de pesos y la programación de 60 millones más para su conclusión.
El día que tengamos una vía corta Manzanillo-Guadalajara –que ojalá fuera una autopista y no una carretera secundaria como la que se está trazando–, podremos consolidar un proyecto regional de transporte de carga y turismo entre el principal puerto del Pacífico y el centro logístico del occidente del país.