Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
No es en el discurso de la mañanera, ni en las conferencias de la dirigencia de Morena, ni tampoco en los jerga de los políticos afines al régimen; es en las letras chiquitas del llamado plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo donde están los verdaderos riesgos para nuestra democracia.
Uno de los puntos más reveladores está en la modificación al artículo 115 constitucional. En apariencia, se busca establecer un rango de entre 7 y 15 regidurías en los ayuntamientos. Suena razonable. Pero cuando se revisa el impacto real, el diseño se desmorona: en el país apenas 56 municipios tienen más de 15 regidores, mientras que más de mil municipios tienen menos de siete. Es decir, en lugar de reducir estructuras, la reforma obligaría a inflar cabildos en la mayoría del país. Más burocracia, más gasto, más distorsión.7
Lo anterior es una prueba de la improvisación, de la falta de técnica jurídica que revela, en primer término, el verdadero objetivo de esta reforma. Y el objetivo verdadero es abrir la puerta para que la persona sujeta a revocación de mandato —es decir, la propia presidenta— pueda difundir el proceso a su favor.
En otras palabras, se habilita la posibilidad de que el Ejecutivo haga campaña abierta en medio de procesos electorales. Todo lo que durante años se criticó —la intervención del presidente en elecciones— ahora se busca legalizar.
La contradicción es evidente. Quienes denunciaron la supuesta injerencia de Vicente Fox en 2006, hoy promueven un esquema que institucionaliza esa práctica. Ya no sería una irregularidad; sería regla.
Ante esto, incluso los aliados del oficialismo han encendido alertas. Legisladores del Partido del Trabajo y del Partido Verde han cuestionado la coincidencia entre la revocación de mandato y las elecciones intermedias de 2027. No es un tema menor: mezclar ambos procesos puede generar incentivos perversos, inestabilidad política y un uso electoral de un mecanismo que, en teoría, debería ser ciudadano.
A esto se suma otro desliz grave: en el proceso de redacción se eliminó la referencia a la paridad de género. Un error que no sólo exhibe descuido técnico, sino también una regresión en uno de los avances más importantes del sistema electoral mexicano. Luego luego lo corrigieron, pero quedó en evidencia la ineptitud de los asesores jurídicos de la presidenta. Quedó, sobre todo, demostrado que el verdadero interés es hacer campaña a favor de Morena desde el poder ejecutivo, lo que siempre se condenó desde la oposición que ahora gobierna. Así, la incongruencia es un atributo de la corrupción.
Dos puntos.
Si algo evidencia el caso de Pío López Obrador es la fragilidad de nuestras instituciones electorales. Las videograbaciones muestran la recepción de dinero sin fiscalización, reconocido incluso por el propio Andrés Manuel López Obrador. Aun así, las autoridades no actuaron bajo el argumento de la falta de comprobantes fiscales. Con ese nivel de omisión, la pregunta es inevitable: ¿para qué sirven los tribunales electorales y el INE si, frente a evidencias tan claras, optan por la inacción? Si así es su trabajo, mejor que desaparezcan. En los hechos, da igual.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.