Por: Ángel Durán.
La usura, es al cobro excesivo y abusivo de intereses por un préstamo. Esta práctica usurera, ha proliferado en el Estado de Colima y se ha permitido por las autoridades judiciales del Estado.
La usura es ilícita, cuando el que otorga el crédito, se aprovecha de las necesidades apremiantes de la persona al que se lo proporciona y; en muchos de los casos va acompañado de la ignorancia de que quien obtiene no saben el riesgo que conlleva de perder los bienes que deja en garantía.
Más grave es todavía, si el momento de entregar el crédito, hacen firmar a la parte deudora, pagarés mercantiles, documentando el adeudo total, incluyendo intereses y por separado firman entre las partes además un crédito hipotecario, dando en garantía un inmueble o incluso, bienes muebles para garantizar el préstamo.
Normalmente es práctica cotidiana, un hecho notorio y del dominio público y que no desconoce el poder judicial local, que la cantidad del préstamo, es simulada, porque el prestamista se cobra los intereses por adelantado, haciendo parecer que se entrega la totalidad a la firma de los documentos; cuando no es así. Aquí hay contubernio con notarios públicos, haciéndolo asentar así en la escritura de hipoteca.
Esta práctica, es común en nuestra entidad, principalmente por prestamistas que se aprovechan de que la mayoría de las personas de escasos recursos, no tienen acceso a créditos bancarios o a beneficios de gobierno de esta misma índole con un interés bajo, sin que les pidan tantos requisitos para poderlos beneficiar con los créditos.
Esto ha provocado, que quien necesita un crédito, no le quede otra alternativa más, que acudir a este tipo de personas, con la aquiescencia y complicidad del propio Estado y del poder judicial, en donde el final del día, les ayudan a quitarles sus propiedades (aparentando un proceso legal) porque estos no alcanzan a pagar los altos intereses.
Pareciera que lo que he mencionado y la forma en cómo una gran cantidad de personas en Colima, han perdido sus casas y su patrimonio, en manos de estos prestamistas, incluyendo casas de empeño y sofoles; insisto, pareciera que es legal; porque el préstamo, está la ley y se permite, siempre y cuando no se cobre un interés mayor al que cobran los bancos.
Hasta ahí todo bien; sin embargo; en la realidad, la verdad y los hechos es que en este tipo de operaciones, es distinta; y aquí es donde el ojo ciego del poder judicial, no lo vé, si el poder judicial no lo observa, imagínese el Estado ¡tampoco! y la falta de inobservancia es a causa de que están trabajando un sistema legalista sin voltear a ver la justicia como derecho humano; se justifican al decir, el préstamo está considerado como legal y, siempre y cuando no se cobre un interés mayor al que obtienen los bancos, además de dar un bien en garantía hipotecaria es legal; por lo tanto aquí no hay nada prohibido.
Sin embargo; el poder judicial, abogadas y abogados; juzgadores y juzgadoras y sociedad en general y ya no se diga los afectados, sabemos que, detrás de esta apariencia legal, hay una enorme simulación que el ojo ciego del poder judicial no lo quiere mirar.
La simulación consiste, en que el prestamista, las casas de empeño y algunas sofoles que están bien identificadas en el Estado; al otorgar el crédito, retienen los intereses por adelantado, duplican el crédito bajo la firma de pagarés y escrituras ante notarios, te reciben dinero como abono a intereses o a capital y en muchos de los casos no se entregan recibos, y si por alguna razón el deudor no los conserva, si se llega a demandar, el titular del crédito, demanda por todo; desconociendo los abonos otorgados, esperando a que el demandado no los tenga y en caso de ser así, no reconoce ningún pago y qué sucede la deuda impagable y al rato le rematan la casa.
No es como el banco, que todo movimiento que haces queda un registro, y aunque tampoco son blancas palomitas en el otorgamiento de un préstamo; pero cuando menos te quedas con la seguridad, de que no te van a ocultar nada en cuanto a pagos hayas realizado.
El actuar de estas personas que practican la usura, ha sido tolerada totalmente por el poder judicial; olvidándose, que el STJE representa al Estado mexicano, y ya la Suprema Corte de Justicia de la nación ha dicho en su jurisprudencia, que el Estado tiene que cuidar que ninguna institución pública o particular afecte las condiciones de igualdad y equilibrio en los derechos de nadie.
También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido el deber de los estados para que la usura no afecte a nadie.
La causa de la violación masiva al patrimonio de muchos colimenses, ocasionada por prestamistas, es porque no tenemos un sistema de justicia que garantiza la protección de los derechos humanos y está utilizando un sistema anacrónico de derecho legalista, dando lugar a un abuso de los prestamistas, casas de empeño y sofoles, cobren hasta dos veces el mismo crédito y dejando a familias enteras sin hogar.
Imagínese usted, una persona que haya abonado durante años y que no conserva su recibos y el prestamista demandan por el total de la deuda, la contraria al contestar la demanda, no tiene con qué justificarlo, pero sí pagó, ellos saben que la única forma es exhibiendo los recibos, pero no los tiene, la deuda es impagable, a consecuencia de esto, el poder judicial saca a remate el bien hipotecado, y lo subasta en las dos terceras partes de su valor comercial, si en la primera oferta no hay postores, hay una rebaja del 20% adicional, luego a estas personas se les ocurre, si el adeudo es mayor, no ejecutan la sentencia y se tarda el tiempo suficiente para que el adeudo suba tanto, solo alcance a cubrir el adeudo ya rebajado en la segunda subasta.
Desgracia total, la pérdida del patrimonio de familia; a todo esto, se le llama usura con la complacencia judicial, esto está garantizado en la Constitución para que no ocurra y también en tratados internacionales; solo falta que los estados regulen este abuso que llevan a cabo estas instituciones particulares y esa les corresponde a los sistemas de justicia.