VENTANA POLÍTICA
Por: Guillermo Montelón Nava
La acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez funcionarios mexicanos —entre ellos el gobernador de Sinaloa— no es un episodio aislado ni un diferendo diplomático más. Es, en realidad, el punto de quiebre de una narrativa política: la de un movimiento que llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción estructural y hoy enfrenta señalamientos de captura criminal en sus propios cuadros.
Las imputaciones son de una gravedad inédita. Washington acusa a funcionarios de facilitar el tráfico masivo de drogas —fentanilo, heroína, metanfetaminas— a cambio de apoyo político y sobornos, con penas potenciales de décadas o cadena perpetua. Más aún, se trata de la primera vez que Estados Unidos busca procesar y eventualmente extraditar a un gobernador en funciones, lo que rompe un tabú histórico en la relación bilateral.
La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y algunos de los legisladores del oficialismo ha sido inmediata y frontal, no podía ser de otra manera: descalificar las acusaciones por “falta de pruebas claras” y advertir motivaciones políticas detrás de la ofensiva estadounidense. Si bien esa reacción en términos de política interna es comprensible: cerrar filas, evitar fracturas en Morena e intentar contener una crisis de legitimidad, también representa una afrenta al vecino país y las consecuencias aún son impredecibles, no solo en las relaciones diplomáticas, sino en las comerciales y políticas, lo que podría acrecentar el riesgo de acciones más contundentes, si consideramos que en la lista de narco políticos sujetos a investigación, aún hay al menos casi dos decenas más.
Resulta lamentable ver que la presidente lejos de adoptar una postura de jefa de estado, reaccione de forma apresurada y riesgosa, evidenciando aún más que prefieren el encubrimiento, la impunidad a seguir los cauces establecidos en los acuerdos bilaterales, incluyendo lo relacionado con el TEMEC que se está renegociando.
La presidente parece ignorar y los asesores no le informan que el tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos no exige pruebas concluyentes en la fase inicial. El procedimiento, en términos generales, contempla: simplemente la solicitud formal de detención provisional con fines de extradición (basada en causa probable); que hay un plazo para que EE.UU. presente evidencia complementaria (en este caso, hasta 60 días); y que México puede hacer una evaluación judicial para que después la Secretaría de Relaciones Exteriores tome la decisión.
Negarse de entrada a la detención provisional —bajo el argumento de falta de pruebas definitivas— implica en los hechos, desatender la lógica misma del tratado. No es una postura jurídica: es una decisión política que exhibe temor, culpa y sospecha de complicidad.
La cantaleta patriotera de defender la soberanía no es un argumento menor si fueran otras las condiciones de la relación de este gobierno con las mafias, pero la realidad ya los alcanzó al menos preciar las operaciones encubiertas estadounidenses, lo que abre camino a la sospecha de encubrimiento o, peor aún, la confirmación de asociación delictuosa
El dilema para Sheinbaum es brutal y sin salidas limpias: Si coopera y permite detenciones, fractura a Morena, dinamita alianzas locales y expone redes internas de complicidad y corrupción. Si bloquea el proceso, arriesga sanciones diplomáticas, presión comercial (TMEC) con un deterioro severo de las relaciones con Washington, y no hay tercera vía.
Pero aún viene lo peor, ya que el caso no se limita a Sinaloa. Analistas y filtraciones apuntan a que estos diez nombres podrían ser apenas el inicio de una ofensiva más amplia contra redes político-criminales en México.
Ante esta encrucijada que Morena propició se abren tres escenarios posibles: uno de contención en el que México abre investigaciones propias, coopera parcialmente y negocia políticamente con EE.UU. con lo que el daño se limitaría a figuras específicas.
Un segundo Escenario es el de escalamiento judicial – que es muy probable– en el que surgirán nuevas acusaciones contra más funcionarios, lo que sin dudada ampliará la presión internacional, pues la narrativa de “narco-Estado” ya ha ganado terreno.
Y un tercer escenario sería el de ruptura –que sería muy crítico- es donde México rechaza sistemáticamente solicitudes. En este caso EE.UU. respondería con medidas unilaterales: sanciones, persecuciones extraterritoriales o incluso designaciones de organizaciones terroristas.
En cualquiera de los tres casos la crisis no terminaría ahí, pues el punto más delicado —y menos discutido públicamente— es la implicación de responsabilidades políticas de AMLO y la propia Claudia, ya que son abundantes las publicaciones y señalamientos que sostienen que algunos de estos actores habrían operado desde procesos electorales previos, incluso desde 2006, con el apoyo de los cárteles.
Por lo pronto, las elecciones intermedias de 2027 serán el verdadero campo de batalla de esta crisis, pues como lo habíamos venido señalando, la sociedad mexicana ya ha tomado nota y no bastará el uso de programas sociales, amenazas, trampas o fraude para que los electores decidan sobre el futuro del país. Será en las urnas o en las calles, pero Morena está en picada.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.