Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
No fue el régimen ni las instituciones que creó, como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las que revelaron las presuntas irregularidades de Guadalupe Taddei en el INE. Fueron las investigaciones de Latinus, El Universal y Reforma las que provocaron su renuncia. El contrapeso fue la prensa crítica, la misma que la presidenta cuestiona desde la conferencia matutina.
El régimen, en su soberbia, ni siquiera reconoce que Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE con el respaldo de Morena y que, desde ahí, benefició a los partidos oficialistas para obtener una mayoría espuria que terminó por dinamitar la autonomía del poder judicial y la desaparición de órganos garantes autónomos, como el INAI.
Esta misma mayoría oficialista fue la que el 10 de octubre de 2024, en el Senado, aprobó, con 81 votos de Morena, PVEM y PT contra 40 de PAN, PRI y MC, un cambio que permitió a la presidenta del INE nombrar a directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas sin el aval de ocho de los once consejeros. Antes, esos nombramientos requerían consenso. La consejera Carla Humphrey advirtió que acababa con la colegialidad del Consejo General, y Manlio Fabio Beltrones alertó que el Congreso podría arrepentirse. Hoy senadores de PAN, MC y de la propia Morena proponen revertirlo.
Esa reforma concentró en una sola persona atribuciones sobre cargos clave, entre ellos los que manejan contratos, y que justo ese diseño fue el que permitió que se diera contratos de manera discrecional y, se sabe por los videos, con el objetivo de beneficiarse económicamente de manera ilegal.
La respuesta oficial ha sido buscar responsables en el pasado. Pero el caso Taddei se suma a una lista de casos en los que, hasta ahora, las consecuencias han sido escasas:
Francisco Garduño, titular del INM durante el incendio de Ciudad Juárez, en 2023, que dejó 40 migrantes muertos, fue imputado por la FGR y vinculado a proceso, pero continuó en el cargo hasta el fin del sexenio anterior, fue nombrado en la SEP en enero de 2026 y el 13 de octubre un juez extinguió la acción penal, tras cumplir las condiciones de una suspensión condicional.
Marcelo Ebrard reconoció que su hijo vivió seis meses en la residencia de la embajada de México en Londres durante la pandemia; la Secretaría Anticorrupción abrió una investigación en abril, y la presidenta lo ratificó en Economía.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió licencia en mayo tras ser acusado en Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, y regresó al cargo después de 112 días. El repudio público provocó de nueva cuenta su salida y ahora está en el ostracismo político, pero en la total impunidad.
A ello se suman los señalamientos por Segalmex que causó un daño al erario por más de 15 millones de pesos y por huachicol fiscal que se calcula en 600 mil millones de pesos, de acuerdo a cifras del mismo gobierno. En algunos casos hay investigaciones abiertas, y en otros no se conocen resultados. Eso alimenta la percepción de impunidad.
Pareciera que el régimen protege a sus corruptos. Veamos hasta dónde son capaces de llevar la impunidad en el caso Taddei, pese a todas las evidencias en su contra.
Dos puntos
¿Por qué no fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas? Si ya se sabe bajo qué condiciones se da la corrupción, ¿por qué tolerarla? Y si hay consenso en limitar los poderes de la presidencia del INE, como proponen ya senadores de varios partidos, ¿por qué no hacerlo cuanto antes? ¿Acaso sería confirmar, con los hechos, que el concentrar poder, tal y como lo hace el régimen, es la principal puerta de corrupción?
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.
