PARACAÍDAS
Por: Rogelio Guedea
Bandera grande ha sido el uso indiscriminado del tema de la gratuidad educativa para expoliar a nuestra máxima casa de estudios por parte de sus más visibles adversarios, entre ellos el diputado Vladimir Parra, quien fue uno de los promotores de la malograda iniciativa de reforma a la Ley Orgánica universitaria. Pero los que conocemos el fondo y la mecánica protocolaria de este tema (entre los cuales me cuento), sabemos que se ha usado de forma sesgada el tema de la gratuidad para intentar crear corrientes adversas innecesarias para nuestra institución educativa, pues si bien la gratuidad se ha consignado como tal en la constitución, lo realmente cierto es que ésta se dará en todo el país de manera gradual que dependerá de la asignación del presupuesto federal que se encargará de garantizarla, cosa que en la actualidad, al menos para el caso de la Universidad de Colima, no se ha dado. En una entrevista concedida a un medio local, el rector Christian Torres Ortiz fue claro, incluso, en advertir de esta situación y en clarificar que todas las universidades públicas, incluida la nuestra, han estado de acuerdo en el tema de la gratuidad pero siempre y cuando “el financiamiento público resuelva lo que se recibe por las cuotas de inscripción, como lo dicta la ley”. Esto es: mientras el gobierno federal no garantice el presupuesto que suplan los recursos que se reciben por la inscripción, el tema de la gratuidad no seguirá siendo usado de manera maliciosa por parte de quienes conocen el fondo del asunto pero se quieren aprovechar de la desinformación ciudadana al respecto, tal como lo ha hecho el propio diputado Vladimir Parra. Esto es exactamente lo mismo que sucede en el nivel básico de educación cuando se le pide a los directores de las secundarias o primarias que no cobren cuotas escolares pero no se les da recurso extraordinario para que puedan cubrir los gastos corrientes de sus escuelas (papel de baño, jabón, tinta para impresoras, hojas blancas, etc), los cuales son cubiertos por estas cuotas escolares. A los directivos de estas escuelas se les ha incluso amenazado con llevarlos a la cárcel o sancionarlos si cobran estas cuotas escolares, lo cual es una aberración cuando uno, luego de saber el fondo del asunto, desentraña la razón de estos cobros. Es cierto: la educación básica es gratuita, pero no lo es tanto puesto que los presupuestos anuales gubernamentales no han terminado de subsanar esta terrible deficiencia. Los padres de familia, por tanto, e incluso los estudiantes, no tendrían que enojarse con los directivos, mucho menos con los maestros, pues ellos no son los culpables de verse obligados a hacerse de ese recurso para poder darle operatividad a sus escuelas. La misma aberración resulta de aquellos que, con el pretexto de la gratuidad, azuzan a los estudiantes en contra de la Universidad de Colima para que protesten en contra de derechos que, en estricto sentido, deberían serles reclamados a esos mismos que los están azuzando, pues son los legisladores los que aprueban o pueden generar las condiciones para que los presupuestos educativos cubran holgadamente todas sus necesidades. El mismo rector Torres Ortiz confirmó, en esa entrevista, que nuestra máxima casa de estudios tiene incluso casi un lustro recibiendo el mismo presupuesto y no se le ha aumentado pese a factores como la propia inflación, entre otros. Es, pues, irresponsable seguir utilizando el tema de la gratuidad como una arma de ataque y no como un punto de partida para resolver de fondo las necesidades presupuestales reales y objetivas de nuestra máxima casa de estudios.
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