VENTANA POLÍTICA
Por: Guillermo Montelón Nava
A casi ocho años del inicio del proyecto político de la llamada Cuarta Transformación, el país enfrenta una realidad mucho más compleja y dolorosa que contradice la narrativa oficial. El discurso de combate a la corrupción, de justicia social y de transformación nacional ha terminado por estrellarse contra una crisis de inseguridad, deterioro económico, conflictos sociales como el de Zacualpan, polarización política producto de la incapacidad institucional que afecta ya a millones de mexicanos.
El gobierno federal insiste en presumir programas sociales y una supuesta estabilidad macroeconómica, pero en las calles, en los campos, en las carreteras y en las comunidades rurales el panorama es distinto. México vive una etapa de creciente incertidumbre social, marcada por la violencia criminal, el debilitamiento institucional y la ausencia de soluciones eficaces a los problemas más urgentes de la población, lo que podría dar lugar a un estallido social.
Uno de los fracasos más evidentes de la 4T es el tema de la seguridad pública. Las organizaciones criminales no solamente mantienen amplias zonas del país bajo su control, sino que han ampliado su capacidad de intimidación, desplazamiento forzado, despojo de tierras y control económico de regiones enteras. Comunidades rurales completas viven bajo amenazas permanentes; familias enteras han tenido que abandonar sus hogares; productores agrícolas son obligados a pagar cuotas; transportistas son víctimas constantes de extorsión y asaltos, que les está cansando.
El problema ya no puede reducirse al argumento de que “antes estaba peor”. Hoy existe una percepción social cada vez más extendida de que el Estado ha perdido capacidad para garantizar seguridad y gobernabilidad en múltiples regiones del país a causa de la debilidad institucional frente al avance de grupos criminales que operan con enorme capacidad económica y armamentista.
A ello se suman conflictos sociales que el gobierno federal ha sido incapaz de resolver o incluso de atender con seriedad. Los reclamos de los campesinos por falta de apoyos productivos y por el abandono del campo siguen creciendo. Los maestros disidentes mantienen protestas constantes por inconformidades laborales y educativas. Los transportistas denuncian inseguridad en carreteras y pérdidas económicas cada vez mayores. En muchos casos, la respuesta oficial ha sido tardía, insuficiente o simplemente indiferente.
Pero además de la crisis social y de seguridad, la 4T enfrenta una creciente crisis política derivada de los escándalos de corrupción de morenistas. Lo que comenzó como un movimiento que prometía terminar con los privilegios y las prácticas del viejo régimen hoy aparece marcado por acusaciones de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, desvío de recursos y presuntos vínculos de actores políticos de alto nivel con grupos criminales.
En el terreno económico, los resultados tampoco son alentadores. El crecimiento económico sigue siendo insuficiente para responder a las necesidades de empleo y bienestar de la población. La inflación ha deteriorado el poder adquisitivo de millones de familias. El costo de los alimentos, de los servicios básicos y de los combustibles continúa afectando a los sectores más vulnerables, pues la realidad cotidiana demuestra que cada vez alcanza menos el dinero para cubrir necesidades esenciales.
El desempleo y la informalidad siguen siendo enormes desafíos nacionales. Miles de jóvenes enfrentan falta de oportunidades laborales y millones de trabajadores sobreviven en condiciones precarias. El problema se agrava ante un contexto internacional incierto y frente a las limitaciones presupuestales que ya enfrenta el gobierno federal debido al creciente endeudamiento y al costo de proyectos emblemáticos cuya rentabilidad es un fracaso.
En Colima, esta crisis nacional tiene expresiones particularmente graves. La violencia continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población. Los homicidios, las desapariciones y las disputas entre grupos criminales mantienen un clima permanente de temor e incertidumbre. Pese a los discursos oficiales, muchos ciudadanos consideran que la estrategia estatal de seguridad no ha dado resultados contundentes.
A ello se agregan diversos conflictos sociales que siguen sin atención efectiva. La Comunidad indígena de Zacualpan mantiene reclamos relacionados con sus derechos territoriales y con la defensa de sus recursos naturales. En Manzanillo, diversos grupos de colonos han manifestado inconformidades por problemas de servicios, infraestructura y decisiones gubernamentales. En Armería, Tecomán y otros municipios también persisten demandas sociales que no encuentran respuesta clara por parte de las autoridades estatales.
La percepción ciudadana es que el gobierno estatal reacciona tarde, administra los conflictos con lentitud y carece de capacidad política para construir soluciones duraderas. Mientras tanto, el desgaste social aumenta y la inconformidad se extiende entre distintos sectores de la población.
La Cuarta Transformación llegó al poder prometiendo una transformación histórica del país. Sin embargo, hoy enfrenta una realidad marcada por la violencia, la polarización, los problemas económicos y el creciente desencanto ciudadano por falta de medicamentos y buena atención Médica. Para colmo siguen instrumentando leyes que buscan minar más la democracia y el orden constitucional.
México necesita menos propaganda y más capacidad de gobierno. Porque mientras el discurso oficial insiste en hablar de transformación, millones de mexicanos siguen esperando respuestas que no llegan.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.