TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana.
El año anterior fue un tiempo muy difícil y lo que va del año no difiere respecto a ese tiempo; estuvimos abrumados por la pandemia y seguimos estándolo todavía por una crisis económica que reporta más pobres que gente rescatada; los datos sobre violencia contra mujeres y homicidios dolosos, hasta arriba; hay empeños importantes desde las áreas de poder al militarizar las acciones de seguridad más notables, pero la realidad sigue imponiéndose.
Aquel año vivimos una elección que resultó conforme lo vaticinaron las encuestas, y esto fue así por la contribución notable del MC y el PVEM que a la vez que dividieron el voto favoreciendo a Morena hicieron posible la alternancia en el poder estatal. El nuevo gobierno ha estado remando contra corriente, organizándose, sentando bases de su operación, encontró en el auxilio bancario soluciones al problema de falta de pago de servidores públicos y a los pagos de la deuda con acreedores bancarios y proveedores, pero se topó últimamente con un recrudecimiento de la violencia.
Y estando en este bache es cuando surgió la noticia de que los “próceres” que despachan en el congreso decidirían en enero si procedía o no una demanda de juicio político contra el exgobernador JIPS una vez que “se hayan entregado ya los expedientes relacionados con los juicios políticos o de responsabilidades” y que se siga una ruta crítica y una calendarización para formalizar la entrega de información.
Ese juicio es un compromiso ineludible para los diputados locales, pero temo que estamos frente a una argucia más. No debe permitirse, por ningún motivo, que el que se fue, junto con su pandilla, no rindan cuentas de sus actos, aquellos serían cómplices ni más ni menos. El presidente López Obrador así lo dijo en una visita a Colima, y hay razones para pensar que habló en serio y no solo para las tribunas puesto que el deterioro financiero es increíble. Estamos saliendo a flote con puros préstamos. Un buen patriota no debe tolerar que los malos gobernantes se burlen de los ciudadanos saqueando sus bienes y haciendo escarnio con sus actos torcidos.
Sin embargo, no faltan los que defienden el régimen que se fue. Les ha de haber ido de maravilla con él pero la verdad es que “nuestra Colima” quedó boca abajo, estrujada y al borde de la muerte por asfixia moral como producto de la descomposición montada por un individuo indecoroso y ajeno a las buenas causas de Colima.
Han transcurrido varias semanas ya de ese anuncio de los diputados y solo se sabe que los trabajos de auditoría aún no están terminados. ¿ Se la están pensando esos próceres ? En primer término, de entre ellos no faltarán los que apuesten al olvido argumentando que los colimenses son gente benigna y despistada y que tiene una gran capacidad de perdonar. Pero habrá quizás los menos, los que opten por llevar los trabajos hasta sus últimas consecuencias, hacia la consecución de un castigo ejemplar, que no deje dudas de que el nuevo gobierno sí está del lado de la comunidad saqueada y adolorida y apuesta por la justicia.
Las cosas pintan para un nuevo circo, sin embargo. Nuestra historia no registra experiencias justicieras, valientes, de nuestros representantes populares. Las legislaturas han olvidado el papel que están obligadas a cumplir, se han vuelto facilitos con los de arriba; hay decenas de millonarios en Colima que se sirvieron de la política ( y lo siguen haciendo desde fuera del entramado), y hoy viven como jeques árabes. Se fueron, siempre, con todo y hebra. Pero, la verdad sea dicha, no se han ido. . .
Quiero decir con eso que los colimenses hemos estado desprotegidos frente a la ambición de numerosos servidores públicos que los últimos años se convirtieron en atracadores y usaron su poder para enriquecerse. Seguro que en la gran deuda pública de Colima está la mancha de las manotas de muchos de ellos. Varias épocas han sido, pues, de simulación y mentira y temo que nos aprestamos a vivir un episodio más de esa película, o mejor dicho, de esa serie que se llama impunidad.
El Congreso estatal tiene que informar sobre sus trabajos de averiguación y confirmar con análisis formales si hará proceder juicio político contra el gobierno saliente, sus consideraciones, porque está frente a una comunidad que le exige transparencia y rectitud en sus trabajos.
¿ Perdón y olvido? Para nada, sin bromas, no queremos eso. Queremos cuentas claras. La nueva administración prometió mucho en ese sentido y expuso que luego de las auditorías presentaría pruebas que fundamentaran una posible acción penal en contra de los atracadores, sean quienes fueren. Esa debe ser la apuesta y no otra.
Si queremos construir una sociedad donde reine la confianza debe regir el imperio de la ley.