En rueda de prensa, realizada este miércoles en Manzanillo, el legislador federal señaló que como resultado del análisis y revisión de las cuentas públicas, 2009 y 2010, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, se detectó ese desvío de recursos y la presunta comprobación de gastos con facturas falsas por parte de la asociación civil Ciudadanos por Colima.
Por ello presentó ante la PGR denuncia penal contra el secretario de Sagarpa, Francisco Javier Mayorga Castañeda.
“La Auditoría Superior de la Federación concluye que hay daño y prejuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1 millón 289 mil pesos porque no se comprobaron los recursos adecuadamente”, recalcó el diputado federal.
Pompa Corella agregó que la Asociación Ciudadanos por Colima presentó 73 facturas apócrifas para justificar los recursos públicos, según los informes dados a conocer por el órgano técnico de la Auditoría Superior de la Federación.
Asimismo anunció que solicitaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que investigue sí hay evasión fiscal y que a la vez se sancionen a las empresas o particulares que otorgaron estas facturas apócrifas.
Aseveró que el dictamen de la cuenta pública por parte de la Auditoría Superior de la Federación es concluyente, ya que Sagarpa no se ajustó a la legalidad que debe observar la dependencia federal.
“Los mexicanos hemos decidido que los servidores públicos no se beneficien de programas sociales y está tipificado como delito”, enfatizó.
Indicó que corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) seguir investigando para castigar a los responsables en caso de acreditarse culpabilidad en desvío de recursos.
Señaló que la cuenta pública no se había podido revisar debido a la oposición de los panistas, pero ahora que el PRI tiene más diputados ya se está haciendo para fiscalizar el ejercicio.
Miguel Pompa afirmó que el problema es que los programas sociales se están convirtiendo en columna vertebral de campañas de candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), pero no están logrando el objetivo; “se están condicionando los programas sociales o utilizando para coaccionar, engañar y chantajear a los mexicanos”.
Reiteró “que se han recibido un sinnúmero de denuncias por parte de la ciudadanía del uso que se está dando de programas como Oportunidades, 70 y Más, Liconsa y Sagarpa”.
El diputado priista mencionó que la Coordinación nacional para la contención del uso electoral de programas sociales y coacción del voto trata de evitar que se utilicen recursos públicos para beneficiar o perjudicar una candidatura.
Por último convocó a la ciudadanía a denunciar los delitos electorales.