TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana.
El diputado Héctor Magaña Lara, la diputada Hilda Lizette Moreno Ceballos y demás integrantes del Grupo parlamentario del PRI, propusieron hace casi tres meses una iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima.
Esa iniciativa “convierte en delito penal el impago a los trabajadores de cualquier orden de gobierno y se le impondría al o los responsables de dos a nueve años de prisión y una multa de setenta hasta ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.” Prevé se adicione la fracción XII y se reforme el último párrafo del artículo 236 del Código Penal para el Estado de Colima.
Como recordarán los lectores, los trabajadores de la burocracia sufrieron por políticas erróneas de la administración pasada, a la que no le importó dejar sin el sustento diario a miles de familias. Fiel a su credo neoliberal, el gobernante que se fue, que nunca poseyó un ápice de sensibilidad política y menos lo que es el sentido de humanidad pues desconoció y desconoce aún que se entiende por tal virtud, y jamás lo sabrá en su vida, transgredió principios fundamentales de nuestra Constitución, desvió recursos, desoyó el clamor de ciudadanos, y de pasó enterró al Pri sumiéndolo en un pozo del que no se sabe cuándo saldrá. No hay duda de que el proceder pésimo de JIPS fue el factor principal de su derrota pues tuvo una candidata muy competitiva en la persona de Mely Romero.
En esa etapa nefasta para todos los colimenses, jubilados y pensionados fueron el grupo más afectado pues dependen de los ingresos gubernamentales para costear los gastos familiares, pero también corrieron con mala suerte organismos descentralizados, ayuntamientos, Poder judicial y proveedores. Al último, “todo fue un desastre”, dijo el diputado Pineda, quien agregó que “cuando los recursos están etiquetados no debe haber un desvío en los mismos y menos la retención sin causa legalmente justificada de los sueldos de los trabajadores; estos o deben ser intocados”.
Reiteró que los diputados “tienen la obligación irrestricta de promoverlos, protegerlos y prevenir su transgresión; su obligación también es generar las políticas públicas y las condiciones jurídicas necesarias para evitar la repetición de tales violaciones”. Precisó que la iniciativa, turnada a la Comisión correspondiente para su análisis, discusión y aprobación en su caso, versa sobre establecer ese hecho como un delito, es decir, el adicionar una fracción al artículo 236 del Código Penal para el Estado de Colima, el cual es el relativo al abuso de autoridad.
Los razonamientos del diputado priísta debieran resultar suficientes para darle la categoría de ley a la iniciativa presentada junto con la diputada Moreno Ceballos, quienes han tenido interés y la sensibilidad para detectar que todo trabajador que no recibe su salario es afectado en su derecho humano de recibir salario por su trabajo. No es el salario, en modo alguno, una dádiva, una forma de condescender con alguien que presta un servicio sino una contraprestación por una labor realizada y previamente convenida. Además, según la ley Federal del Trabajo, no debe exceder de una semana recibirlo (Art. 88).
La carencia del pago respectivo, impacta la dignidad de los trabajadores, desencadena situaciones inimaginables que la autoridad ignora porque carece de entendimiento, porque la comunidad le importa poco y porque, empoderada, ve a los ciudadanos casi como vasallos. El impago, sin duda, afectó el endeble equilibrio económico de muchísimas familias que tuvieron que acudir a préstamos bancarios, de vecinos o amigos para solventar sus gastos.
El caos social que se presentó en Colima por ese motivo, resuelto por la gobernadora Indira Vizcaíno en un tiempo corto, no debe volver a ocurrir. Esa ley ha de promulgarse para que sirva de muro a gobernantes insensibles que le dan la espalda al pueblo bueno si eso conviene a sus intereses o a algún grupo político en especial. Ojalá sea votada pronto en forma unánime y que prime el interés público llegado el caso, no sea que un sentimiento negativo infeste el Congreso y tenga que desecharse por motivos ajenos al interés colectivo.
Por lo demás, esa acción de la dupla priísta enseña el camino no solo a los prístas sino a sus demás compañeros en el congreso y a sus opuestos. Los diputados están para servir a los intereses de todos, sin partidismos que ciegan todo proceder, no deben ser recaderos de nadie ni dedicarse solamente a levantar el dedo. Eso es indigno, ojalá lo reconozcan algún día.
Colima exige una gestión pública digna de sus representantes populares. Que estén a la altura en la nueva faceta de la alternancia, que conlleva esperanza ciertamente, pero que encierra el peligro de que el poder los devore uno por uno(a) y los convierta en un guiñapo moral.