Favoreció Gobierno de Fox a Repsol, Denuncia AMLO

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    Andrés Manuel López Obrador entregó esa mañana los expedientes de dichas transacciones, que serán remitidos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que se investigue y sancione a los presuntos responsables.

    Asimismo, anunció que el Gobierno Legítimo constituirá en los próximos días una Comisión Anticorrupción que dará seguimiento a esta denuncia y a otras como las presentadas contra el actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

    De acuerdo con los expedientes presentados por López Obrador, en el año 2005, la comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja en un proyecto para el suministro de gas natural y otro para la construcción de una planta de regasificación en Manzanillo.

    De manera inexplicable, la empresa Repsol de España se enteró de la decisión de la CFE para llevar a cabo estos proyectos.

    Con esta información privilegiada el 12 de diciembre de 2005, Repsol se sumó al consorcio de empresas que originalmente (en el año 2000) había obtenido la concesión para explotar gas en lar región de Camisea, en Perú.

    Repsol tendría 10% en explotación, 10% en trasporte por gasoductos y 20% en la planta de licuefacción, pero sobre todo obteniendo la comercialización exclusiva de todo el gas que sería extraído.

    Para obtener esta participación y la autorización del gobierno de Perú, Repsol informó que el gas de Camisea sería vendido en México y en la costa oeste de Estados Unidos.

    Cabe aclarar que en ese entonces, legalmente Repsol no tenía ningún contrato para el suministro de gas natural en México. Sin embargo desde el año 2005 ya lo daba como un hecho.

    La pregunta planteada por López Obrador es: ¿Cómo sabía Repsol en el 2005 que iba a vender gas a la CFE, un año y medio antes de que se publicara la licitación para el suministro en Manzanillo?

    Fue hasta el 6 de junio de 2006 cuando CFE publicó las licitaciones en el Diario Oficial de la Federación. Ahí precisa que el suministro se contrataría por un periodo de 25 años.

    López Obrador destacó además que el primer contrato de servicios múltiples que otorgó Pemex a una empresa extranjera violando la Constitución fue cuando Felipe Calderón era secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de dicha paraestatal.

    En ese entonces, el 14 de diciembre de 2003, sin que haya participado en la licitación ninguna otra empresa, se entregó a Repsol un contrato por dos mil 437 millones de dólares para explotar yacimientos de gas en la Cuenca de Burgos.

    Este contrato se encuentra en litigio en los tribunales por inconstitucionalidad.

    Recientemente la Auditoría Superior de la Federación hizo señalamientos sobre un daño patrimonial a Pemex, cuando Calderón era secretario de Energía, por haber vendido a bajo precio las acciones que Pemex poseía en Repsol. Cabe señalar que meses después esas acciones aumentaron su valor, por lo que la ASF documentó una pérdida patrimonial para Pemex por 655 millones de dólares.

    De esta forma López Obrador que existe una “sospechosa operación entre Repsol y el actual gobierno de la República, que afecta gravemente la economía del pueblo y constituye un daño patrimonial al erario público”.

    Ello, porque de acuerdo con un análisis realizado por un equipo de especialistas, basado en información pública y fidedigna, el costo máximo del gas que Repsol suministra en Manzanillo es de 2.45 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTUS).

    En suma, los 500 millones de pies cúbicos diarios durante 15 años representan un costo real de apenas seis mil 026 millones de dólares.

    Sin embargo, la CFE aceptó pagar a Repsol, a precios actuales 21 mil millones de dólares. Esto significa que Repsol tendrá una utilidad extraordinaria de alrededor de 15 mil millones de dólares.

    De esta forma, el Gobierno Federal contrató con Repsol al precio de referencia más caro del mundo, fluctuante y con tendencia a la alza, mientras que la empresa Repsol tuvo la oportunidad de firmar con el gobierno de Perú un tope de precio de gas que asegura que el incremento acumulado anual no será superior a 5% durante los primeros seis años y a 7% durante los siguientes cinco años.

    El gobierno de Perú inició una investigación por el quebranto que esta operación a significado para su país.

    De esta forma, López Obrador se pronunció en favor de someter a debate público nacional el tema de la reforma energética.

    No se puede manejar en las cúpulas y en lo oscurito un tema de esta magnitud, dijo López Obrador. No es posible que traten de mayoritear desde el Congreso.