Falta analizar si medidas contra el COVID-19 afectan o no derechos universales: Académico

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*Federico Álvarez, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, abordó “El Derecho ante los desafíos del COVID-19”, como parte de las conferencias virtuales de la Facultad de Derecho de la UdeC.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.-  La pandemia de COVID-19, comentó en videoconferencia el académico argentino Federico Álvarez Larrondo, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, inició como un problema sanitario para después volverse un asunto de daños económicos con distintos grados de afectación, y ahora se ha convertido en un asunto donde el Derecho tiene un rol fundamental, especialmente cuando los estados toman medidas para enfrentarla.

En el caso particular de la Argentina, dijo, el mes de marzo su presidente, Alberto Fernández, adoptó una política de Estado en la que se privilegia la salud de los ciudadanos sobre la economía, lo que a su vez ha traído una serie de consecuencias.

En ese sentido, agregó, el Derecho empieza a tener un rol fundamental una vez que se toma la estrategia para enfrentar al COVID-19; “en este caso particular, el Derecho va a tener su contrapeso en la justicia, la cual analizará las decisiones adoptadas por el poder ejecutivo, si éstas corresponden o no con el tratado de Derechos Humanos y la Constitución nacional”.

Federico Álvarez dictó la videoconferencia “El Derecho ante los desafíos del COVID-19”, como parte de las conferencias virtuales de la Facultad de Derecho, que son parte a su vez del Programa de Continuidad Académica de la Universidad de Colima.

El experto argentino explicó que la decisión de privilegiar el cuidado de la salud de los ciudadanos implica también ciertas consecuencias económicas no tan positivas. En el caso argentino, para mantener el aislamiento de las personas se recurrió a la sanción penal, lo que implica que si alguien viola la cuarentena termina en prisión.

Una segunda medida que se tomó fue prohibir el ingreso de extranjeros al territorio nacional, con lo que cerraron parcialmente sus fronteras, “exceptuando a quienes hacen el comercio internacional, con un protocolo de seguridad”.

El decreto oficial, ante una crisis sanitaria sin precedentes, estableció el aislamiento para mitigar la propagación del COVID-19 y ante la posibilidad de que el sistema de salud no pudiera hacerle frente a la pandemia. Lo que analiza el propio decreto, dice el ponente, son los argumentos que explican por qué fue constitucional y válido limitar el derecho de los ciudadanos a transitar libremente.

Más que prohibición, las medidas autorizadas hablan de una recomendación, añadió el conferencista. Recomiendan no salir a la calle para evitar el contagio, sobre todo para los grupos de mayor riesgo.

Para proteger la salud pública, añadió Federico Álvarez, “se desarrolló una forma de adaptarse a una nueva normalidad, en la que fue fundamental el rol del Derecho desde los aspectos de la convivencia social, la economía y el trabajo, y a partir del desarrollo y usos de las tecnologías mediante una regulación y normatividad”.

Finalmente, comentó que hasta la fecha “es difícil evaluar las decisiones que los diferentes países han tomado para prevenir esta situación y reparar las consecuencias”.

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