*Interpondrán organismos de transparencia acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- El presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (Infocol) y coordinador de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), Christian Velasco Milanés, dio a conocer que los 32 órganos garantes de todas las entidades del país, respaldarán la decisión del Inai de interponer una acción de inconstitucionalidad contra la creación el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).
Velasco Milanés, destacó que la decisión unánime del Consejo Nacional del SNT del pleno del Inai aportará mayor certidumbre ante la posible vulneración de su información sensible.
“Es una muestra de la importancia de que el Estado cuenta con instituciones sólidas que, en el ejercicio de sus facultades, le aporten mayor certidumbre a la ciudadanía, al percibir posibles excesos y riesgos, dijo.
El también comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de Colima hizo un reconocimiento a los comisionados del órgano nacional “por esa decisión, en la que se hace patente la importancia de contar con contrapesos, como el Inai”.
El pasado martes, el instituto aprobó interponer ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad contra la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en vigor desde el 16 de abril y que crea el Panaut.
Los siete comisionados advirtieron que las reformas, que contemplan la creación del padrón con datos biométricos, causan afectaciones a los derechos humanos.
Coincidieron en que la entrega de datos de los usuarios de telefonía móvil no garantiza la disminución de la incidencia delictiva, por lo que es una ley “regresiva entre derechos”.
Por otra parte, informó que el SNT en 10 entidades avanza el Mecanismo Nacional de Revisión entre pares, diseñado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC, por sus siglas en inglés), para fortalecer la operación y el marco normativo anticorrupción.
El mecanismo consiste en evaluar cómo los estados han aplicado las normas de Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, relativas a contratación pública, información y protección de denunciantes.
Hasta el momento, 10 entidades han sido evaluadas, 10 se encuentran en proceso y el resto la harán una vez que las demás sean revisadas.
El SNT aseguró que ya fueron evaluados Chiapas, Baja California Sur, Campeche, Durango, Nuevo León, Guanajuato, Yucatán, Baja California, Querétaro, así como Guerrero.
Está en curso el segundo ciclo, en el que se evalúa al Estado de México, Tlaxcala, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, Chihuahua, Colima y Nayarit. El tercero iniciará en octubre, para evaluar al resto.