*Vulneró el derecho a la protección de la salud de una menor de edad con tratamiento para Leucemia Linfoblástica Aguda.
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) emitió la Recomendación 07/2022, dirigida a la Secretaría de Salud del Estado por vulnerar el derecho a la protección de la salud de una menor de edad con tratamiento para Leucemia Linfoblástica Aguda.
Al realizar las investigaciones correspondientes y análisis de evidencias, el Organismo Protector ha determinado que, atendiendo al interés superior de la infancia, es competencia de la Secretaría de Salud del Estado en conjunto con todas las autoridades públicas que correspondan, trabajar por la progresividad que el derecho humano de protección a la salud les demanda en favor de todas las personas.
De igual forma al analizar el expediente de la queja, la CDHEC establece que el Estado a través de las personas servidoras públicas debe realizar medidas de carácter progresivo, para garantizar el derecho a la salud de todas las personas, pues en este caso en particular, la autoridad estatal no demostró haber adoptado las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de los que dispone, para lograr su efectividad.
De forma que actualizó una violación al derecho humano a la salud en la medida en que existió desabasto de medicamentos, sino que no demostró dentro del presente, la adopción de las medidas necesarias para evitar el incumplimiento de su obligación, ni mucho menos demostró haber agotado todos sus recursos para garantizar su cumplimiento.
En este contexto, al haber quedado plenamente acreditada la violación al derecho humano de protección a la salud de la agraviada, se demuestra que existe responsabilidad institucional de la entonces denominada Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima, en consecuencia, se deben realizar las medidas necesarias para evitar que se continúe incurriendo en la violación a los derechos humanos y se repare el daño a las víctimas.
De lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos en aras de proteger los derechos humanos y cumplir con la obligación Constitucional que como autoridades corresponde, emite a la autoridad señalada una serie de recomendaciones en las que destaca otorgar la atención jurídica que requiera la víctima, en relación al hecho victimizante, no obstante, el tiempo transcurrido.
Brindar la atención médica, psicológica, los servicios y asesoría jurídicos, así como los servicios sociales que necesite la víctima, además, de ofrecer un trato especial por su condición de adolescencia.
Este Organismo Defensor refiere que se debe otorgar una compensación evaluable y acreditable por el daño causado a la víctima conforme al procedimiento que marca la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado, que comprenda el daño sufrido en la integridad física, el daño moral sufrido, el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos, así como los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasionó trasladarse de Manzanillo a Colima, conforme al hecho victimizante demostrado en esta Recomendación.
Se debe emitir una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos humanos de la víctima y de sus familiares, conforme a los hechos demostrados en la presente Recomendación, derivado de la responsabilidad institucional que representa, así como llevar a cabo un programa de formación y capacitación dirigido a todo el personal de la autoridad responsable.
Además de promover la observancia a las normas jurídicas en materia de derechos humanos, por ello, se debe publicar una circular a todo su personal, en el que se establezca y reconozca la obligación al derecho de protección a la salud, con perspectiva de infancia.
Finalmente, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima reconoce que los hechos señalados ocurrieron en otra administración, sin embargo, atendiendo a la responsabilidad institucional, que transciende a las instituciones del Estado, es que se giran las recomendaciones con el objetivo de evitar que se sigan violando los derechos humanos y se otorgue una reparación del daño.