La Panga
Por: Mayahuel Hurtado Ortiz
Administración pública, funcionario público y derecho humano de los ciudadanos son términos que se hermanan, debido a que la función de ser de los dos primeros conceptos, está basada en servir al ciudadano, otorgándole servicios de calidad, con eficiencia, eficacia y calidez, pero además, respetando la ley, cubriendo las expectativas del ciudadano y al mismo tiempo respetando los derechos humanos.
Y se preguntará usted amable lector, lectora, ¿de dónde surge el tema? y la respuesta es de un tuit (en inglés tweet) emitido del hijo del finado ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien tras el violento e infame asesinato de su padre registrados el 23 de marzo de 1994 y posteriormente la muerte de su madre, Diana Laura Riojas Viuda de Colosio abatida por el cáncer de páncreas en ése mismo año, tuviera que sobrellevar esa pena, prepararse y revivir los ideales de lucha política de su padre, es así como Luis Donaldo Colosio Riojas formó un criterio muy patriota de lo que debe ser el servicio público, para beneficio del ciudadano:
“Quien aún no haya entendido que el servicio público no se trata ya de militancia, sino de patriotismo, no entiende el cambio de rumbo que nos exige nuestro país y nuestra historia”.
Y la verdad es que tiene mucha razón en su dicho, porque es el momento de sacar adelante al país, no es tiempo de venganzas políticas, es el tiempo de sumar voluntades de todas las fuerzas políticas y permitir que puestos del servicio público federal, sean ocupados por los mejores, indistintamente el partido político, porque el ciudadano merece tener a los mejores funcionarios en el gobierno.
Esto también aplica en los casos de los candidatos que ganaron por el efecto AMLO, deben reconocer sus limitantes y buscar apoyarse de quien los asesore para que hagan un buen papel, porque de nada sirve una mayoría en el Senado, en la Cámara de diputados y en los congresos locales; de nada sirve haber ganado alcaldías, si las personas que estarán al frente de cada puesto, no está preparado o preparada para asumir el reto.
Las campañas electorales ya concluyeron, ya ganaron los que siempre perdieron, y perdieron los que generalmente ganaban. Ahora no existe ningún pretexto para no hacer del ejercicio del servicio público, algo que cubra las necesidades y expectativas del ciudadano, porque antes existían limitantes en la cámara de senadores y diputados, ahora ya no pueden decir que no se pudo aprobar o derogar una ley en beneficio de los mexicanos.
Y es que esto retoma la razón de ser de un funcionario público, desde el más alto nivel hasta el último en el organigrama.
En el sector salud, los ciudadanos quieren una mejor atención y un mejor trato, pero los trabajadores de éste sector quieren contar con los insumos necesarios y el personal suficiente para atender a la derechohabiencia.
Las mujeres víctimas de violencia quieren leyes de protección que garanticen que sus vidas no corren riesgo, ministerios públicos capacitados en temas de la mujer, un acompañamientos y acciones que la ayuden a salir del infierno que viven ella y sus hijos; lo mismo aplica para los hombres que son violentados por sus parejas y que se hacen responsables de la manutención de sus hijos; porque la violencia de género es de ida y vuelta y aunque se enfatizan más los casos en mujeres, donde lamentablemente se han perdido vidas, existen historias de hombres, aunque en menor proporción que también son víctimas de diversas modalidades de violencia. Ambos merecen el cobijo de las instituciones de justicia y que se castigue con severidad a los agresores.
Y en el caso de las corporaciones policiacas, se requieren de policías capacitados en derechos humanos y en atención de casos de emergencia, para normar un criterio y actuar en defensa de los agraviados, no al revés.
Y es que para unas personas que estaban siendo agredidas de manera verbal, en donde se les exponía al repudio público y hablan al número de emergencias 911 para pedir el auxilio de la autoridad, después de soportar insultos, agresiones y acciones intimidantes, es totalmente inadmisible, que la policía municipal llegue y detenga a la parte agraviada, a uno deteniéndolo sin delito que perseguir y al otro obligándolo a ser acompañado por un oficial de policía armado a bordo de su vehículo personal, como si se tratara de un delincuente peligroso, violando totalmente sus derechos y remitiéndolos “a la autoridad municipal” incomunicándolos, amenazándolos, tratándolos de manera deshonrosa y dándole un trato preferencial a la parte agresora. Todo con la finalidad de obtener un recurso disfrazado de multa; así es la realidad que se vive en el trato que muchos ciudadanos denuncian a través de las redes sociales, ante el actuar abúlico de quien debe poner orden en su corporación y en el llamado “juez calificador” que con abuso de autoridad tiene un protocolo interno para generar la coacción y con una sonrisa cínica, decir “disculpe las molestias e incomodidades”.
Todo esto debe cambiar, por eso se requieren reformas, que dañan la zona de confort de algunos, mientras que para otros significa la garantía de recibir servicios públicos de calidad y con total respeto a los derechos del ciudadano.