*Propone adicionar la fracción XII y se reforma el último párrafo del artículo 236 del Código Penal para el Estado de Colima.
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- El Diputado Héctor Magaña Lara, coordinador parlamentario del PRI en la Sexagésima Legislatura Local, propuso ante el pleno del Congreso del Estado que “el impago a trabajadores” sea considerado “como un delito” y que al infractor “se le imponga de dos a nueve años de prisión y una sanción económica de setenta hasta ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”.
Al calor de los recientes “impagos” que trabajadores de la educación, policías, burócratas estatales y otros, han sufrido en la anterior y actual administración estatal, Magaña Lara propuso adicionar la fracción XII y se reforma el último párrafo del artículo 236 del Código Penal para el Estado de Colima, “para que acciones u omisiones en incurran servidores públicos, que priven del producto de su trabajo a quienes desempeñan algún cargo o comisión dentro de las administraciones públicas estatales, municipales y organismos descentralizados, sean consideradas como un hecho que la ley señale como delito”.
En este sentido, Magaña Lara estableció en su propuesta de reforma y adición al Código Penal del Estado “que pueda el afectado acudir ante la Fiscalía General del Estado de Colima a presentar su denuncia y que sea esta Representación Social quien realice una investigación expedita para judicializar la carpeta respectiva y se busque una pronta solución a ese impago”.
Dijo que es un hecho público e histórico que la pasada administración estatal encabezada por José Ignacio Peralta desde el mes de julio del año 2021 declaró que no había recursos para pagar las nóminas de los trabajadores del Estado, acarreando con ello el impago en la nómina de los trabajadores en activo, así como de jubilados y pensionados, pero como efecto dominó, también se vieron afectados los organismos descentralizados, autónomos, instituciones educativas, Ayuntamientos, el Poder Judicial, proveedores, en fin, un desastre absoluto.
“Pero ese tipo de prácticas no debe repetirse, si bien es cierto, existe una serie de factores que determinan la suficiencia presupuestaria de las entidades públicas, también es cierto que cuando los recursos están etiquetados no debe haber un desvío en los mismos y mucho menos la retención sin causa legalmente justificada de los sueldos de los trabajadores, eso es sagrado, es algo que debe ser intocado”.
Dijo que cada trabajador al servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima tienen el derecho de percibir la remuneración por el mismo, ese es un derecho humano consagrado en la Constitución Federal y como tal, “tenemos la obligación irrestricta de promoverlos, protegerlos y prevenir su transgresión, pero no solo queda ahí nuestra obligación, también debemos generar las políticas públicas y las condiciones jurídicas necesarias para evitar la repetición de tales violaciones”.
Es por ello, dijo, “no debemos pasar por alto tales atropellos, tales injusticias que laceran a las miles de familias que se ven afectadas por el impago en los sueldos de los trabajadores que por su esfuerzo y dedicación día con día salen de sus casas para precisamente ser merecedores de una retribución por su trabajo”.
Por ello propuso la iniciativa que establece ese hecho como un delito, es decir, el adicionar una fracción al artículo 236 del Código Penal para el Estado de Colima el cual es el relativo al Abuso de Autoridad, ya que es precisamente dicho injusto el que determina aquellas acciones u omisiones que cometen los servidores públicos en el ejercicio de su encargo, entendiéndose como servidor público a lo dispuesto en el artículo 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.
La Iniciativa en mención fue turnada a la Comisión respectiva.