Explicó que esta mañana, actuarios del Tribunal se presentaron en los terrenos en disputa para ejecutar la sentencia, sin embargo encontraron oposición de los ejidatarios, y pese a que llevaban la fuerza policiaca, optaron por retirarse y no se llevó a cabo la ejecución.
El magistrado señaló que esta decisión ya no puede revertirse y el Tribunal está obligado a que se cumpla, por lo que regresarán al lugar a volver a ejecutar.
“Estamos obligados a ejecutar, no podemos permitir la impunidad. Sentencia no ejecutada es justicia denegada”.
ANTECEDENTES
El magistrado explicó a COLIMANOTICIAS que el procedimiento agrario inició el 15 de octubre del 2007 en el cual José Cortés Vargas exigió que se declarara nulo el procedimiento por el cual la Reforma Agraria indebidamente entregó el predio al ejido Luis Echeverría.
Y es que al parecer, la Reforma Agraria extendió un acta de resolución pues consideró “que estaba vacante el predio (El Volantín), pero no estaba vacante”.
Fue entonces que José Cortés Vargas, durante el juicio demostró que era el propietario del terreno por una resolución presidencial del 13 de noviembre de 1978.
Por su parte, el predio se había supuestamente concedido al ejido el 9 de marzo de 1981.
Quedó demostrado que José Cortés Vargas era el propietario y se dictó una sentencia el 26 de septiembre de 2008, dicha sentencia se trató de ejecutar el 6 de abril de 2010, pero en esa ocasión también hubo oposición y no se cumplió.
“Como hubo amparos no se había ejecutado con respecto a la suspensión, pero se acabaron los incidentes, menos sobre una fracción determinada y decidimos ejecutar, pero ellos le han dado cariz de índole social”.
ES UN DELITO
Refirió que esta mañana quisieron ejecutar la sentencia, llevaron elementos policiacos pero no esperaban que hubiera ejidatarios, pues tenían conociendo de que en ese lugar no vivía nadie.
Narró que cuando llegaron “no se pudo ejecutar la orden, hubo oposición, vimos ejidatarios de otros núcleos apoyando, y estos son actos tendientes a impedir una resolución judicial, ese es un delito. Se están oponiendo, tomando la administración de la justicia por sus propias manos”.
En este sentido, dijo que “estudiaremos la situación que se va a realizar”.
El magistrado sostuvo que el Tribunal no va a violentar los derechos humanos, “no se ocasionará conflicto social, pero estamos obligados a ejecutar, no podemos permitir la impunidad”.
“Después ordenaremos otra vez la ejecución”.
SALIDAS
Al ser cuestionado sobre lo que procede en este caso, el magistrado comentó que efectivamente la Reforma Agraria podría pagarle el terreno a José Cortés Vargas, mediante el programa CONSOMER, pero es independiente a la ejecución de la sentencia.
“El ejido ya perdió, no demostró en el juicio, tan es así que ya se ejecutaron ciertas partes, ya habíamos ejecutado unas partes. Incluso el auto decía que habían sobreseído en varias partes del amparo”.
Detalló que el predio en mención es una franja de 17 hectáreas, compuesta de 21 lotes, de los cuales ya se entregaron 5 al propietario y uno está en proceso de amparo, falta liberar el resto, que es lo que se pretendía hacer hoy.
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