La difamación y la calumnia, también llamados “delitos de la prensa”, fueron derogados del orden federal desde noviembre del 2011 cuando el Senado ratificó la decisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de derogar ambos delitos del código penal federal en 2006.
En ese sentido, las legislaciones estatales en 22 entidades federativas del país reformaron sus respectivos códigos penales para adecuar el marco jurídico sin embargo, el congreso de Colima no lo hizo.
Fue hasta que una resolución del Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Colima, determinó inconstitucional juzgar por la vía penal la difamación lo que dio pié para que los diputados del Congreso reformaran la ley.
En la lectura del dictamen en el congreso del estado, los legisladores locales tomaron en cuenta que la tipificación penal de la difamación es ineficaz para resarcir el daño causado, toda vez que pone especial énfasis en la reclusión y descuida la indemnización a quien resulte afectado, además de que se encontraba en manos del Ministerio Público la posibilidad de determinar cuáles eran o no actos en los que se ejercía la libertad de expresión.
De esta forma, los artículos 218, 219 y 220 del Código Penal Para el Estado de Colima, fueron derogados, por lo que un periodista no podrá ser denunciado penalmente por “un hecho cierto o falso que le cause deshonra, descrédito, perjuicio o desprecio” al supuesto ofendido.