Por Ángel Durán
Un verdadero reto para el sistema educativo mexicano, el resolver la acusación que se hace en contra de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, supuestamente por haber plagiado su tesis de licenciatura, que hizo y fue avalada por la UNAM y la que le sirvió posteriormente para estudiar posgrados como: maestría, y doctorado en el extranjero.
Por cierto, que ella lo niega rotundamente y como en nuestro país todo ser humano goza de la presunción de inocencia, hasta estos momentos, solo es una acusación. Pero eso sí, ya hay una sentencia social en su contra, que pesa mucho y que la deja en desventaja ante la competencia de presidir la corte.
Todo el tema está centrado en el juzgamiento que casi se da por hecho, que la titular de esta magistratura en la corte ha plagiado su tesis, y es que, cobró mayor relevancia con el comunicado que emite la propia UNAM, al informar que de acuerdo al estudio previo que realizó, hay una alta coincidencia de contenido con otra tesis profesional, elaborada un año antes; dando entender, que hay plagio, sin embargo, trata de matizar el impacto, señalando que lo enviará a otra instancia para seguir con el procedimiento de investigación.
¿Este sería el camino correcto para investigar? ¿El sistema educativo en México es fácil de ser engañado cuando un estudiante elabora su tesis? ¿No tiene mecanismos para cruzar información y evitar el plagio de tesis?
Por principio de cuentas podríamos decir, que la denuncia del plagio de la tesis de la ministra Esquivel, provienen de un ejercicio periodístico válido en una democracia, pero también estamos acostumbrados en México, que este tipo de acusaciones se hacen en momentos cruciales y con ciertos objetivos, lo cual no está mal, lo que sí es cuestionable, es, que ante tales acontecimientos, se vislumbra la crudeza de una realidad en la que el sistema educativo mexicano no cuenta con un sistema para identificar plagió de tesis, y pareciera ser que es sencillo el ejercicio de estas prácticas, lo cual deja mal a las instituciones educativas, a los sinodales, y finalmente cuando ocurre, de ser cierto, se causa un daño a la sociedad, pues esas investigaciones cuando se plagian, lesionan el patrimonio intelectual de otro investigador y el Estado mexicano debe tener garantías de protección para quienes elaboren una tesis profesional con esfuerzo, dedicación y profesionalismo.
En otro sentido la misma Suprema Corte en estos momentos enfrenta un reto inédito, cómo va a garantizar la presunción de inocencia de la ministra Yasmín Esquivel, si ella como lo ha dicho al refutar las acusaciones, decidiera seguir compitiendo por la presidencia.
Nosotros mismos como sociedad, debiéramos estar interesados en saber, si la ministra plagió su tesis, pues de ser cierto, no nada más no podría ser presidenta de la corte, sino también debería de dejar de ser su integrante y, por otro lado, si no fuera cierto, también estamos interesados en que se le reivindiquen sus derechos y que no tenga ningún obstáculo en seguir la competencia por la presidencia, pero para eso debe haber mecanismos adecuados que lo permitan y por el momento no se ven. ¿Cómo lograrlo? Ante la acusación, inmediatamente la suprema corte debió de iniciar un proceso de investigación, incluso suspender el procedimiento por no causar un daño puesto más importante es saber la verdad de las acusaciones. Eso está amparado en el artículo 1o., 17, 20 de la Constitución y todo el sistema normativo victimal. ¿Por qué no lo ha hecho la suprema corte? Por los vicios que tiene.
El problema nos dejará varias lecciones: por una parte, el sistema educativo mexicano tendrá que reforzar su sistema para evitar el plagio de tesis, además de invertir en tecnología para que le ayude a aminorar este riesgo y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que emplear mecanismos para poder llevar a cabo investigaciones prontas y expeditas cuando esto ocurra y evitar la violación a los derechos de alguno de sus integrantes que quieran ejercer el derecho humano a ocupar un cargo público como sociedad tendremos que exigir la verdad de los hechos, no permitir conductas anti éticas de servidores públicos pero tampoco que por acusaciones mediáticas se obstruyan el ejercicio de cargos públicos, sin duda, retos importantes que se tienen que analizar en este caso.