Por: Ángel Durán
El 24 de febrero de 2025, en la Universidad Intercultural que tiene su sede en Comala, Colima, se llevó a cabo un conversatorio titulado “Derechos Humanos, Migración e Impacto Social”.
Durante este evento, se abordaron las múltiples adversidades que enfrentan las personas migrantes desde su lugar de origen, hasta los diversos territorios que atraviesan en su travesía.
Se destacó que México funge como país de origen, tránsito y destino para migrantes, lo que lo posiciona en un papel crucial dentro de las dinámicas migratorias regionales.
Los participantes (dentro de los que me encuentro) del conversatorio, enfatizaron los innumerables peligros que acechan a los migrantes en su recorrido por México.
Entre las amenazas más recurrentes se mencionaron las extorsiones, robos, agresiones físicas y psicológicas, así como la desaparición forzada.
Particularmente alarmante es la situación de las mujeres, quienes, sin distinción de edad, enfrentan altos índices de violencia sexual.
Estadísticas recientes indican que un alto índice de mujeres, han sido víctimas de violación sexual durante su tránsito por México.
Además, se estima que el 30% de las migrantes sufren abuso por parte de las autoridades mexicanas, mientras que el 32% son víctimas de organizaciones criminales.
Estas cifras reflejan una preocupante realidad de impunidad y desprotección que agrava la vulnerabilidad de este grupo.
A pesar de los esfuerzos de diversas organizaciones civiles que brindan apoyo a la población migrante, los asistentes al conversatorio coincidieron en la necesidad de una mayor intervención por parte del Estado.
Se subrayó la importancia de que las instituciones gubernamentales implementen políticas públicas efectivas que garanticen la protección y el respeto de los derechos humanos de los migrantes.
No obstante, también se reconoció que la participación activa de la sociedad civil es esencial para complementar estos esfuerzos oficiales.
La colaboración comunitaria puede traducirse en redes de apoyo, provisión de recursos y generación de espacios seguros para quienes se encuentran en tránsito.
Durante el diálogo, se hizo hincapié en que ser migrante implica estar en una condición de máxima vulnerabilidad.
Por ello, se apeló a la solidaridad y empatía de la sociedad en general, en consonancia con lo establecido en el artículo 3º de la Constitución Mexicana, que promueve la educación basada en el respeto y la solidaridad humana.
Las causas que impulsan a las personas a migrar son diversas, incluyendo la inseguridad, la pobreza, regímenes políticos opresivos, cambios climáticos adversos y amenazas directas a su integridad.
Muchos migrantes se ven forzados a abandonar sus hogares debido a persecuciones, convirtiéndose en refugiados que buscan protección en otros países.
El fenómeno migratorio es una realidad global que, en las últimas décadas, ha mostrado un incremento notable.
Este aumento se atribuye, en parte, a políticas migratorias restrictivas implementadas por países como Estados Unidos, lo que ha intensificado los riesgos y desafíos para quienes buscan cruzar fronteras en busca de una vida mejor.
Ante este panorama, es sumamente importante que las instituciones educativas, como la Universidad intercultural, se involucren activamente en la discusión y análisis de estas problemáticas.
Fomentar espacios de reflexión y debate permite sensibilizar a la comunidad estudiantil y promover acciones concretas en favor de los derechos de los migrantes.
En este sentido, se hizo un llamado especial a los estudiantes de diversas disciplinas, especialmente a aquellos de la Facultad de Derecho, para que se integren en grupos de defensa y apoyo a la población migrante.
La formación de estrategias efectivas para asistir a los migrantes, la denuncia de violaciones a sus derechos y la colaboración con las autoridades para garantizar procesos justos son acciones fundamentales que requieren del compromiso y la participación de la juventud universitaria.
Organismos internacionales han alertado sobre los peligros que enfrentan los migrantes, instando a que no sean percibidos como amenazas, sino como individuos en situación de vulnerabilidad que merecen respeto y apoyo.
Es esencial reconocer que, al igual que cualquier ciudadano mexicano, los migrantes tienen derecho a vivienda, alimentación, salud y acceso a la justicia.
Sin embargo, también se enfatizó que, al ejercer estos derechos, los migrantes deben cumplir con las leyes y obligaciones del país que los acoge.
No pueden ser objeto de deportación, sin un debido proceso legal que garantice sus derechos fundamentales.
El conversatorio destacó por la participación entusiasta tanto de los ponentes como del alumnado, quienes manifestaron un profundo interés en abordar y comprender las complejidades del fenómeno migratorio.
Estudiantes de diversas carreras, incluyendo Derecho y Turismo, expresaron su compromiso de involucrarse en iniciativas que promuevan la justicia y la equidad para las personas migrantes.
Este tipo de encuentros académicos, no solo enriquecen la formación profesional de los estudiantes, sino que también los sensibilizan ante realidades sociales apremiantes, motivándolos a convertirse en agentes de cambio en sus comunidades.
En México, la migración es un fenómeno multifacético que exige respuestas integrales por parte del Estado, la sociedad civil y las instituciones educativas.
La protección de los derechos humanos de los migrantes y la erradicación de las causas que los obligan a desplazarse son tareas que requieren del esfuerzo conjunto y decidido de todos los sectores de la sociedad.
Solo a través de la empatía, la solidaridad y la acción comprometida se podrá construir un entorno donde la dignidad y los derechos de todas las personas migrantes sean plenamente garantizados.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.