Información del diario La Jornada eñala que la denuncia fue presentada por Esperanza Salazar Zenil, de la organización Bios Iguana, y en ella señala a la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, la consultoría técnica, y al biólogo Eduardo Saucedo Dueñas, encargado de la elaboración del estudio de impacto ambiental, como presuntos responsables de falsear la información que entregaron a la Semarnat, ya que en la solicitud de cambio de uso de suelo manifestaron que se derribarían 25 hectáreas de manglar, cuando la zona contaba con 66.50 hectáreas.
La denuncia por delitos ambientales fue en contra de Jorge Alberto Montes Arellano, representante legal de la API; Eduardo González Hernández, director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat; Alberto Eloy García, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Colima, además de otros funcionarios.
Salazar señaló que Colima ha sido de los estados con mayor impacto sobre los manglares en los últimos años por proyectos de infraestructura energética y portuaria como el de la planta de suministro de gas LP que se hizo en violación al Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial.