La nueva Ley, que surgió tras el análisis de dos iniciativas, una presentada por el diputado Salvador Fuentes Pedroza, del PAN, y la otra por Armida Núñez García, del PRI, contempla la creación de la Comisión Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, instancia que coordinará las acciones entre los diversos órganos e instancias de gobierno, para prevenir y erradicar esa conducta delictiva, así como garantizar la protección y atención de las víctimas.
Asimismo, establece la elaboración del Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, que será el instrumento rector para prevenir ese delito, que contendrá el diagnóstico de la situación que en esa materia guarda el Estado, así como la identificación de los problemas a superar desde los diferentes ámbitos que incidan en la comisión del ilícito.
El dictamen a favor de la creación de la nueva Ley, presentado por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y la de Derechos Humanos y Atención al Migrante, aclara que la legislación es de carácter preventivo, porque en el Código Penal de Colima está tipificado ya tal delito en los artículos 161 y 161 Bis.
Las comisiones dictaminadoras expresaron que de conformidad con los parámetros establecidos por los Tratados Internacionales en la Materia, consideraron acertado que la Ley de Trata de Personas de Colima sea exclusivamente de carácter preventiva y de apoyo a las víctimas de ese ilícito, debiendo permanecer su tipificación y sanción como delito en el Código Penal.
En sus considerandos, el dictamen señala que la trata de personas es un flagelo social que se ha acentuando a nivel internacional y nacional, entre otras causas, por la pobreza, la falta de educación y de trabajo de un gran porcentaje de personas vulnerables, como niños, mujeres y migrantes, pero sobre todo, porque esa actividad constituye un negocio altamente lucrativo, siendo el tercer ilícito más redituable para la delincuencia organizada en el mundo, únicamente por debajo del tráfico de drogas y de armas.
Los diputados apuntaron que la trata de personas constituye una conducta delictiva con terribles consecuencias para las víctimas, por lo que se le ha llegado a considerar como una forma moderna de esclavitud, además de una forma extrema de violencia primordialmente en contra de niños y mujeres.
Una vez que la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Colima entre en vigor, lo cual sucederá al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, el Ejecutivo del Estado contará con un término de 120 días hábiles para expedir el Reglamento de la nueva Ley.
Asimismo, la Comisión Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas deberá quedar conformada a más tardar en un plazo de 45 días naturales a partir de la entrada en vigor de la Ley, y se contará con un término de 90 días hábiles, a partir de la conformación de la Comisión, para que ésta elabore el Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas.