PARACAÍDAS
Por: Rogelio Guedea
Algunos diputados de la actual legislatura local, como el propio priista Héctor Magaña, han sido incómodos para la bancada morenista en el Congreso y esto ha generado una pugna interna que en otros tiempos de mayor tolerancia sería un debate normal entre fuerzas políticas contrarias. Lo anterior ha ocasionado que se haya alentado una Sesión Secreta Ordinaria (aunque nada debería ser secreto en un poder como el legislativo) para promover un juicio político en contra de los miembros del cabildo villalvarense que aprobaron los Lineamientos Generales para la Expedición de Licencia de Prestación de Servicio de Transporte Alternativo en la Modalidad de Mototaxis, entre ellos el propio Héctor Magaña, pero también el ex alcalde villalvarense Felipe Cruz Calvario, Karina Marisol Heredia y Perla Vázquez Montes, pidiéndose al Supremo Tribunal de Justicia del Estado que proceda a la destitución inmediata de los mismo en los cargos que desempeñen. Aunque este juicio político fue promovido por varios líderes de taxis, y parece tener un nicho ciudadano, sabemos que el asunto de los Mototaxis, hoy extendido prácticamente en todo el estado, no puede convertirse en una herramienta ni de amago político ni de revanchismo pues, de lo contrario, se tendría que inhabilitar a decenas de funcionarios involucrados no sólo en la puesta en marcha de los mototaxis en nuestra entidad sino también criminalizar a todos aquellos ciudadanos para los cuales este servicio ha sido una alternativa de movilidad real. El hecho de que esta nueva modalidad de movilidad haya causado estragos en el sector de los taxis tradicionales no significa que sea perjudicial para la comunidad a la que sirve, en todo caso el mismo criterio se tendría que aplicar a los Ubers, quizá más perjudiciales para los taxistas que los propios mototaxis. En el fondo del asunto debe estar, pues, el debate sobre cómo realmente podemos armonizar el tema de la movilidad en nuestro estado y no utilizar de manera sesgada estos brotes de inconformismo de ciertos sectores como herramientas de revanchismo en contra de nuestros adversarios políticos. ¿Cuántos de nuestros aliados políticos no caerían en esta misma categoría y, sin embargo, ningún juicio político se ha instaurado en contra de ellos? No creo que haya sido una buena estrategia de la bancada morenista (y sus aliados del PT y del Panal) querer ganarle a sus adversarios a través de juicios políticos y no a través de la razón. Esperemos que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado atienda principios de justicia y no de legalidad y en su resolución no vaya a sentar un precedente tan peligroso que instaure los juicios políticos como una de las formas perfectas del revanchismo político, porque al rato los mismos que hoy lo gozan lo pueden más tarde padecer.
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