*Para este año ejercerá 243 millones de pesos que corresponde apenas el 1.3% del presupuesto total estatal que se aprobó para el ejercicio fiscal 2022.
CN COLIMANOTICIAS
Colima.- A diferencia de lo que se establece a nivel internacional de darle mayor independencia y autonomía presupuestaria a los poderes judiciales con la finalidad de abatir la impunidad, en México aún se encuentran supeditados a los ordenamientos establecidos en la propia ley en materia presupuestaria con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
De ahí que en 2018 la senadora por Morena y ex ministra de la corte, Olga Sánchez Cordero, presentara una iniciativa de reforma constitucional destinada a fortalecer los poderes judiciales locales para garantizarles una base presupuestaria de recursos públicos no menor al 2% del presupuesto total de su estado; propuesta que aún se mantiene en la congeladora legislativa.
Según el estudio de las Naciones Unidas correspondiente al Índice Global de Impunidad 2020 y que se alinea al objetivo 16 de la Agenda 2030; para el fortalecimiento de las instituciones de justicia además de la profesionalización de los propios sistemas, señala: “los países deben dotarlos de suficientes recursos humanos, financieros y tecnológicos para que puedan así cumplir su función de lo contrario, afirma también dicho estudio, que su funcionamiento será: “suboptimo promoviendo la corrupción al interior de dichas instituciones”.
A pesar de que en el caso de Colima el Poder Judicial presento ante el Poder Legislativo un anteproyecto de presupuesto para el 2022 de 478 millones de pesos que en ese caso representaría un 2.5% del presupuesto total del estado; solo le fue aprobado 243 millones de pesos que significa el 1.3% del presupuesto total estatal que se aprobó para el ejercicio fiscal de este años y que son 12 millones de pesos adicionales en comparación con lo que ejerció en 2021.
Dicho por el propio magistrado presidente del Poder Judicial, Bernardo Salazar Santana, el Poder Judicial ha venido trabajando con déficit presupuestal como ha quedado constancia en reiteradas ocasiones de su imposibilidad de pagar sueldos y compromisos laborales que ha provocado manifestaciones de su plantilla laboral como la acontecida más reciente al pasado siete de enero.
Un estudio que realizo el Centro de análisis de políticas publicas México Evalúa en materia de trasparencia judicial deja constancia que Colima es el estado del país que menos recursos destina para el poder judicial; en cambio los estados que más dinero destinan son la CDMX en el primer lugar seguida del Estado de México y en tercer lugar Chihuahua.