BUSCAN DEVOLVER IMPUESTOS A CIUDADANOS DE TECOMÁN

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    En entrevista, el legislador recordó que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) de ese municipio opera al 20%, de acuerdo a información del personal de la empresa concesionaria, por lo que están incumpliendo el convenio establecido.

    “Hicimos acto de presencia a finales del mes de julio y constatamos que el servicio de saneamiento no se da al 100%, sino en un 20%, y a finales del mes de julio, lo cual se deduce que finalmente hicieron un cobro indebido a la ciudadanía”, dijo.

    Hasta la fecha, la empresa ha cobrado 5 millones de pesos por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán (Comapat), sin embargo, las autoridades tecomenses han negado tal situación.

    “Lo hemos señalado, el director (Reyes Castellanos Suárez) y algunos funcionarios tratan de ocultar esa situación, pero la gente de la planta nos proporcionó esa información, aparte de que constatamos que por los drenes que comúnmente fluyen las aguas negras, seguían contaminando los esteros en las playas de Tecuanillo”, puntualizó.

    Además, la empresa tiene un problema con las industrias, especialmente la del limón, ya que los concentrados de ph son muy elevados a los que quedaron contratados en el convenio y están viendo la manera de que cada uno de los industriales tenga su proceso de saneamiento antes de verter las aguas al drenaje municipal.

    Esto implica no alterar los estándares de la composición de las aguas negras como fue contratado por el servicio que se diera el saneamiento “eso está esperando la empresa, a que los industriales hagan el pre-sanamiento y no tener esta alteración. De ahí en mas, la comapat tendrá que hacer la devolución de ese recurso, o darle el pago del mismo servicio para el año que entra (a los ciudadanos”.

    Aclaró que la situación fue dada a conocer al interior de la Comisión de Hacienda del Congreso del estado para que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) intervenga “, lo vamos a platicar y que el órgano superior de fiscalización intervenga para que finalmente deslindar responsabilidades y ver la situación real de la planta de tratamiento”.