Aprueban nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado

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*Los ayuntamientos tendrán un plazo máximo de 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, para adecuar sus reglamentos municipales.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.-   Tras una larga sesión que concluyó al filo de la media noche de este jueves, el Congreso del Estado aprobó la expedición de una nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima.

Esta nueva Ley cuenta con aportaciones emitidas por el Ejecutivo del Estad y los diversos grupos parlamentarios que enriquecieron el documento

La Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima cuenta con 169 artículos y con la cual se abroga la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el pasado 8 de noviembre de 2014.

Este nuevo ordenamiento fue aprobado por 23 votos y fue elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, que preside la diputada Ma. Remedios Olivera Orozco; de Seguridad Pública, la diputada Martha Alicia Meza Oregón; de Prevención y Reinserción Social, el diputado Vladimir Parra Barragán y de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el diputado Rubén Manuel Cervera García.

La lectura del dictamen en tribuna estuvo a cargo por gran parte de los legisladores, se acordó que el Gobierno del Estado y Ayuntamientos deberán de adecuar y reformar en un plazo de 60 días hábiles los reglamentos interiores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado (C3) y del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia del Estado (C5i).

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia deberán expedir o adecuar los reglamentos municipales que deriven de esta Ley en un plazo máximo de 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Por su parte, el Estado y los municipios harán las previsiones necesarias para lograr, en lo que corresponda, la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones para un eficaz funcionamiento del Registro Nacional de Detenciones.

Asimismo, se destacó la corresponsabilidad de funciones entre ambos niveles de Gobierno con el federal.

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