Pese a la advertencia de la izquierda de que el procedimiento tiene visos de inconstitucionalidad, porque no existe una ley secundaria a la Carta Magna que faculta al Ejecutivo a mandar dos iniciativas preferentes al inicio de un periodo, las bancadas avalaron el documento elaborado por la Comisión Técnica y, tras instalar las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos por la mañana, en sesión vespertina se dictaminó, debatió y votó de inmediato para remitirla a la Cámara de Diputados.
La reforma aprobada obliga a los tres niveles de gobierno a transparentar y armonizar toda su información presupuestaria y contable, es decir, toda aquella que generen en materia de ingresos, deuda, presupuesto y su evaluación.
Se tendrán que transparentar el gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público-privadas; adecuaciones presupuestarias y subejercicios; todos los padrones de beneficiarios de programas sociales federales, estatales y municipales.
Se acaba con los pagos en efectivo y se obliga a que éstos sean por transferencia electrónica, cuyo reporte deberá ser cada seis meses. “No podrá ya haber gobernadores que manden maletas de dinero por avión”, subrayó el perredista Armando Ríos Piter, al considerar que esta reforma es un paso hacia la transparencia, pero van por nuevos cambios en materia de “presupuestación”.
Tampoco se podrán oponer el secreto bancario o fiduciario los casos de transparencia para las deudas que se contraten, destacó a su vez, el panista Salvador Vega Casillas, quien insistió que es en los estados donde está más arraigada la corrupción.
A su vez, el ecologista Armando Melgar destacó que la propuesta incluye la obligación de informar el gasto en los rubros de servicios personales mejor conocidos como nóminas, así como los gastos de comunicación social.
Antes de iniciar la discusión, la vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, presentó una moción suspensiva para apoyar la postura del petista Manuel Bartlett, de que esta reforma implicará una cascada de amparos por inconstitucional; sin embargo, fue rechazada.
En conferencia posterior, los coordinadores Emilio Gamboa, Miguel Barbosa y Ernesto Cordero sostuvieron que está “blindada”, porque se hicieron consultas con el área jurídica y se garantizó que esté ajustada a derecho.
Cordero afirmó que es la iniciativa más importante de los últimos años en esta materia, porque los gobernantes ya no podrán hacer “piruetas financieras” para ocultar el uso de los recursos públicos, que tanto indignan a la sociedad.
Fuente: MILENIO