La nueva integración del Congreso: propuesto por mujeres
Por: Luis Ávila Aguilar
En su sentido clásico y hablo de la época griega, la democracia se conceptualizó como el poder del pueblo, quien mediante el sufragio elegía a sus gobernantes, para esto, no podían acceder a este derecho las mujeres ni los esclavos ya que eran considerados como un mal necesario, en la lógica ateniense de los padres de la ciencia.
Eran considerados como males necesarios, en el caso de los esclavos dado el régimen de producción esclavista y en el caso de las mujeres para la procreación y perpetuación de la especie humana, porque en todo caso, el concepto del amor entre parejas que prevaleció en ellos era diferente al de hoy en día. (Consúltese para el efecto los “Diálogos” de Platón, el correspondiente al amor y la belleza).
En la lógica ateniense de Sócrates, Platón y Aristóteles, la democracia se constreñía al concepto puro del derecho a elegir a los gobernantes, con el paso de los años el concepto de democracia, por cierto considerado por siglos como un ideal y aspiración a alcanzar por el ser humano, se fue perfeccionando e incorporándose elementos que acuñan al concepto de democracia de la actualidad.
Del tal forma que la democracia como concepto e ideal que dio vida a movimientos sociales, tales como la revolución francesa y la nuestra por sólo citar sólo dos ( ejemplos sobran) incorporo elementos nuevos como el de igualdad, justicia social, abolición de la esclavitud, el derecho a mejores condiciones de vida, derecho de voto a los negros, (Martin Luther King ) a las mujeres (1953 en México ) el reconocimiento a la diversidad sexual, respeto a la garantías naturales y constitucionales, equidad en la responsabilidad tributaria ( que paguen más quienes más ganan ) reconocimiento y protección a las etnias, los derechos de los niños entre otros muchos.
Desde la anterior perspectiva, no podemos hablar de un estado democrático, cuando este se reduce únicamente al derecho y el respeto al voto, (caso Cuba, Venezuela y todos las dictaduras que por años enseñorearon el continente americano) cuando como contraparte las condiciones de vida de la población y acceso de sus derechos le son negados.
No se puede hablar de un estado democrático y la legitimación de un movimiento social cuando este busca sólo el acceso al poder y a la representación popular, más cuando este se pretende obtener por decreto, por que ignoran como contraparte, las muchas causas económicas, sociales, políticas y familiares para no citar más, que se encuentran pendientes del segmento social del cual dicen defender.
Me refiero por supuesto al movimiento social que grupos de mujeres vienen emprendiendo mediáticamente en Colima, para lograr en nombre de la tan cacareada equidad de género, que el Instituto Electoral del Estado remueva los órdenes de prelación de las listas de diputados de representación proporcional, ( plurinominales ) para obtener la mitad de la representación popular, en la integración del congreso del estado y con ello alcanzar la famosa “paridad de género”, esto dicho en sus propias declaraciones.
Argumentan que de las mujeres postuladas, sólo cinco lograron obtener la mayoría en sus respectivos distritos electorales más dos asignaciones por la vía plurinominal para obtener siete de las 25 representaciones que integran el congreso, de tal forma que proponen modificar los órdenes de prelación de las listas “pluris” de los diferentes partidos políticos para quede integrada la legislatura por 13 mujeres y 12 varones.
Por principio y conste que no es un punto parcializado del tema o sexista por lo que a mi parte corresponde, es un asunto que contraviene todo principio legal y ético, es a toda luces antidemocrático, la igualdad en la equidad de género fue lograda cuando el legislador decreto como obligatorio en la constitución y en los respectivos códigos electorales, para todos los partidos políticos la postulación del 50 por ciento de sus candidaturas a favor las mujeres.
Que la mayoría de las postulantes no lograron los respectivos triunfos electorales en la urnas, no constituye un problema de integración de listas u otorgamiento por decreto de las posiciones legislativas, en todo caso obliga a la sociedad en general y a las mujeres en plena actividad política en particular, el replantear nuevas formas de participación de las mujeres en la sociedad analizando, para encontrar las causas, el por qué el electorado no voto en su favor, más cuando en la lista nominal el 51 por ciento son mujeres.
En caso contrario estaríamos negando la democracia participativa y dos de los principios característicos constitucionales de nuestro voto; la libertad para elegir y la universalidad de este que permite el derecho de votar y ser votados sin distingos de credo, estrato social, económico, y por supuesto SIN DISTINCIÓN DE SEXO.