*Desde el mes de abril venció el plazo para dictaminar. *Pese a los amparos debió continuarse con el procedimiento, pero sin emitir sentencia, alegan.
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Este día la Comisión de Responsabilidades de la Sexagésima Legislatura Local llevó a cabo una Audiencia de Alegatos y Presentación de Pruebas con representantes jurídicos del ex Gobernador Ignacio Peralta Sánchez y su ex secretario de Planeación y Finanzas (hoy diputado local priista), Carlos Arturo Noriega García sobre el Juicio Político que se les ha instaurado, donde los abogados de los indiciados alegaron “la prescripción de términos” del proceso que se les sigue, esto es, el tiempo “se les vino encima a los diputados y el plazo de un año ya venció”
La audiencia se desarrolló, además, con la presencia de la parte acusadora e integrantes de la Comisión de Responsabilidades, que preside Armando Reyna Magaña, y personal Jurídico del Congreso del Estado.
En sus alegatos, los representantes de los indiciados invocaron lo señalado por la Ley de Juicio Político del Estado de Colima, que en su artículo 13, párrafo segundo, señala que: “A partir de la fecha de emplazamiento del acuerdo de admisión de la denuncia que tenga por formalmente incoado el procedimiento de juicio político empezará a correr el periodo no mayor de un año para imponer las sanciones a que refiere el párrafo 2 del artículo 10 de esta Ley”.
En tanto el artículo 10, párrafo 2, señala: “Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento de juicio político”.
En su párrafo 3 dice: “el plazo para la aplicación de las sanciones señalado en el párrafo anterior se interrumpirá durante todo el tiempo en que el procedimiento de juicio político, incluyendo sus efectos y consecuencias, quede suspendido por la ejecución de órdenes o medidas cautelares emitidas por los órganos jurisdiccionales de control constitucional, reanudándose el plazo para sancionar una vez cesados los efectos que dieron origen a la causa de la interrupción”.
Expresaron que este Juicio Político, desde su punto de vista, “prescribió” desde el mes de abril del presente año “y no se ha concluido, ni siquiera, con la primera etapa del Juicio Político”, alegando los diputados la “existencia de amparos”.
Sin embargo, sobre el particular los diputados alegaron que “el hecho de que haya una suspensión de amparo no significa que este suspendido el plazo de un año que establece la Ley, porque la suspensión de amparo fue únicamente para el efecto de que no se emitiera determinación del Juicio Político, para que no se resolviera, no para que no continuara en todas sus etapas”.
Agregaron que el Juicio Político, desde que fueron emplazados ambos funcionarios, “debió haber seguido todas sus etapas y una vez llegado a la frontera del proceso, que es la resolución, ahí debió haberse suspendido en virtud de la suspensión de amparo”.
Afirmaron que una muestra de que el Juicio Político pudo continuar en todas sus etapas, pese a la suspensión de amparo, “es esta comparecencia de presentación de pruebas y alegatos a que convocó la Comisión de Responsabilidades de la Legislatura”.
Externaron que la suspensión de amparo se concede para que se continúe el procedimiento del Juicio Político por su curso legal reservando la resolución respectiva hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el expediente principal del que se deriva de este incidente.
“Lo único que no se puede hacer es emitir una resolución del Juicio Político”, esto es que el procedimiento debió seguir en todas sus etapas, pero sin emitir una resolución hasta no concluir el Juicio de Amparo.
En este sentido, los diputados “no estaban impedidos de continuar con el procedimiento, pues lo único es que no podían pronunciar sentencia, pero si continuar con todas las demás etapas del procedimiento”, y “tan no estaban impedidos que ambos ex servidores públicos fueron convocados a esta sesión de alegatos y presentación de pruebas ante la Comisión de Responsabilidades”.
Tanto el ex Gobernador Ignacio Peralta Sánchez y su ex secretario de Planeación y Finanzas (hoy diputado local priista), Carlos Arturo Noriega García, o sus representantes legales, fueron convocados a una nueva audiencia para el próximo viernes.
Es de mencionar que este Juicio Político se da ante la denuncia existente en contra de ambos funcionarios por “sobre precio y gastos inflados” en el equipamiento y construcción del inmueble denominado C5, que supuestamente fue de más de 490 millones de pesos.