Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
El grito de “al diablo con sus instituciones” no fue una exclamación con fines de estridencia mediática, sino más una declaración de principios (o la ausencia de ellos), pues a más de dos décadas de haber sido pronunciado por Andrés Manuel López Obrador, sus ecos no sólo permanecen: hoy se materializan en decisiones de gobierno.
Si bien no fue él, sí fue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, su delfín, la que ha terminado de desmontar buena parte del entramado institucional construido durante la transición democrática.
Primero desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un órgano que, con sus limitaciones, buscaba mejorar la calidad educativa a través de la evaluación. Después se extinguió incluso la figura que el propio obradorismo había creado para sustituirlo. Evaluar dejó de ser prioridad. Hoy el sistema educativo básico parece orientarse más hacia la formación ideológica que hacia el mejoramiento del aprendizaje.
Le siguió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, encargado de medir la efectividad de las políticas sociales y los indicadores de pobreza. Sin evaluación independiente, el gobierno es juez y parte. Mide sus propios logros y administra sus propias cifras. Son los otros datos institucionalizados.
Luego vino la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, garante del derecho humano al acceso a la información. Ahora es el propio gobierno quien se vigila en materia de transparencia. Así, el ciudadano pierde el poder de solicitarle información al gobierno, pues si se requería un árbitro que obligara a la autoridad a dar la información, ¿qué se puede esperar ahora que ya no existe y es el mismo gobierno quien es juez y parte?
Ahora, con la actual reforma electoral, van por desmantelar al INE y destruir los organismos electorales locales. Quieren desaparecer también el PREP, una herramienta digital que daba trasparencia y certeza, en tiempo real, de cómo iban las votaciones de los candidatos. ¿A quién beneficia todo esto? No al ciudadano, es claro, sino más bien al partido hegemónico actual.
Se está regresando a una etapa ominosa de nuestra historia política, cuando era el partido en el poder el cual organizaba las elecciones, pues el partido era el mismo estado. Prueba de ello no son las palabras grandilocuentes de quienes se autoproclaman los artífices de un movimiento histórico, sino los hechos que acreditan su ambición por perpetrarse en poder, destruyendo la incipiente democracia que les permitió, en su momento, llegar al mismo.
Dos puntos.
El régimen calificó como éxito el operativo contra el líder del CJNG, pese a que dejó 20 militares muertos y cuantiosos daños a la población civil. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se logró la captura, en dos ocasiones, de Joaquín “El Chapo” Guzmán sin bajas militares ni episodios de terror posteriores. Son operativos de alto riesgo con resultados distintos. Ahí el contraste.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.