Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Una omisión por parte del poder ejecutivo y judicial provocó la inmovilidad del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Miguel García de la Mora a pesar de que su periodo terminaría este año.
Así lo dio a conocer el diputado Crispín Guerra quien añadió que es una acontecimiento que merece una reflexión profunda, debido a que su ratificación de un miembro del máximo tribunal judicial “es totalmente tácita y violatoria, lo que resultó en su inamovilidad y en la negación de derechos a quienes pudieron haber aspirado al cargo”, aseguró.
Recordó que en noviembre del 2015, el legislador presentó una iniciativa de acuerdo, la cual fue aprobada, y en la que exhortó al Supremo tribunal de Justicia del Estado, para que emitiera un dictamen de evaluación de las actividades jurisdiccionales, de desempeño y de cumplimiento de obligaciones inherentes al cargo de Magistrado que ocupa Miguel García de la Mora y así declarar la procedencia o no de su ratificación.
“En enero de 2016 dicho Magistrado cumpliría el periodo de seis años, constitucional y legalmente al cual había sido designado, por lo que se invitó a iniciar las acciones marcadas por la fracción III del art. 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el art. 70 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, relacionadas con la necesidad de contar con un dictamen de evaluación del Magistrado del Poder Judicial”, indicó.
Finalmente Guerra Cárdenas, señaló que el Pleno del Poder Judicial del Estado, puso en consideración el contenido de la jurisprudencia P./J. 111/2000, que señala textualmente “el sistema de nombramiento de Magistrado del Poder Judicial está diseñado como un acto de colaboración de poderes”.
El panista detalló que lo anterior ocasionó que el procedimiento que marca nuestra legislación y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se realizara, por lo tanto, los poderes involucrados no cumplieron sus facultades y atribuciones “El Magistrado obtuvo una ratificación ante la inacción de procedimientos”.