*Modificó indebidamente las penas pactadas entre la Fiscalía y varios imputados. El Juez enfrentará nuevas denuncias ante la FGR.
Alfredo Quiles Cabrera| CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) destituyó e inhabilitó por un año a Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, Juez de Distrito Especializado del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, cuyo caso ha provocado polémica luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó en noviembre de 2025 que se le había denunciado por liberar a delincuentes.
La resolución, correspondiente al procedimiento administrativo PRAD 158/2025-OJ-V, determinó que el juzgador incurrió en notorio descuido al modificar las penas que previamente habían acordado la Fiscalía y los imputados mediante procedimientos abreviados.
Los hechos corresponden a cuatro causas penales: 87/2021, 365/2021, 179/2022 y 5/2021. En esos expedientes, las sanciones negociadas por el Ministerio Público se encontraban entre cuatro años y dos meses y seis años y ocho meses de prisión. Sin embargo, el juez estableció una pena de tres años y cuatro meses para los procesados.
Esta reducción permitió que los sentenciados accedieran al beneficio de condena condicional, debido a que la pena quedó por debajo del umbral legal de cuatro años, con lo que pudieron obtener su libertad durante las mismas audiencias.
De acuerdo a información oficial que circula en redes sociales, el Tribunal de Disciplina Judicial consideró que el juez se apartó de las reglas aplicables a los procedimientos abreviados, particularmente al intervenir en la determinación de las sanciones que ya habían sido acordadas entre las partes.
Las investigaciones contra Sigales Obrador Garrido comenzaron en mayo de 2023, cuando el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Guzmán, y el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Colima presentaron quejas ante las instancias judiciales.
Las autoridades cuestionaron las decisiones del juzgador, particularmente la reducción de penas y los criterios utilizados para resolver asuntos relacionados con delitos de alto impacto.
El caso fue investigado inicialmente por el entonces Consejo de la Judicatura Federal, pero el procedimiento continuó bajo la nueva estructura del Poder Judicial, con la intervención del Tribunal de Disciplina Judicial.
A la sanción administrativa se suma una investigación de la FGR por presuntos delitos contra la administración de justicia. El expediente derivó en una citación a audiencia inicial en Colima, dentro de la causa penal 104/2026.
JUFED ACUSA INTIMIDACIÓN
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) también cuestionó las acciones emprendidas contra Sigales Obrador Garrido.
La organización calificó la decisión de dar vista penal a la FGR como una posible maniobra de persecución institucional e intimidación contra juzgadores de carrera.
En su posicionamiento, sostuvo que las actuaciones contra el juez habrían respondido a presiones e instrucciones políticas provenientes de la Presidencia de la República, luego de la liberación de un imputado.
También manifestó su solidaridad y respaldo al juzgador, advirtiendo que sancionar la labor interpretativa y la sana crítica envía un mensaje intimidatorio que vulnera la independencia judicial.
Asimismo, la asociación señaló que el procedimiento estuvo precedido por descalificaciones públicas desde las conferencias matutinas de la titular del Poder Ejecutivo Federal, e informó que brindará acompañamiento irrestricto al juez en la defensa de sus derechos laborales y profesionales.
