Parte 2
Por: Ignacio Toscano Ramírez
Hablar de precariedad en la administración pública en un país como México, es tanto como decir, que la regla es la impunidad y la excepción la justicia.
Como educadores hemos fracasado en inducir al alumno a que se conduzca no sólo con conocimiento de causa, sino con ética y honestidad, convertimos al país en un entramado legal, para aplicar en un asunto jurídico la ley del más fuerte, o mejor dicho, la voluntad de quien tiene más conocidos con poder, y ese alumno, en algún momento se convirtió en Juez, Magistrado, Ministro, o simplemente un servidor público en el Poder Judicial o peor aún, de las fiscalías.
No hay eficiencia e inmediatez, nos ofrecieron una falsa idea política que no mejoró el sistema de administración e impartición de justicia, pero si lo atrapó y eliminó cualquier avance en su funcionamiento.
Ahora más que antes, nos encontramos juzgadores insensibles, ciegos, irresponsables e ilegítimos, puesto que aún existen casos, donde un padre o una madre no puede ver a sus menores hijos y no hay forma en la que el Estado privilegie y garantice sus derechos de convivencia ante las negativas del progenitor respectivo, asimismo es inaudito que en un Poder Judicial como es el de Colima, no se advierta y se tolere la duplicidad de procedimientos instaurados en una misma ciudad, en dos juzgados diferentes donde la litis, las partes, así como las prestaciones, son las mismas, y originen simultáneamente dos pronunciamientos de pensión por más de un año en perjuicio patrimonial de una de las partes, desde luego, tolerado por parte de los encargados de administrar justicia.
Salvo excepciones, no se observa capacidad real en Poder Judicial, y resulta inevitable experimentar el temor de los juzgadores de que el Tribunal de Disciplina Judicial, lo único para lo que llegó, fue para amedrentarlos no por hacer mal su labor, sino por no ajustarse a la ideología actual.
Los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucional dejaron de tener un efecto, tenemos ministros de papel, jueces y magistrados por nombramiento, pero no por convicción y conocimiento, se aclara que no son todos, pero si una gran mayoría.
Anhelamos una verdadera justicia, donde se valore la prueba, y el juez con objetividad haga valer sus decisiones en pro de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carga Magna para evitar que se burle a la justicia.
Desmantelaron redes de corrupción para crear otras, y lo único que hasta el momento no se ha logrado, es avanzar en una justicia pronta, expedita, eficaz y para todos y al menos en el Poder Judicial de la Federación documentan el porcentaje de asuntos rezagados, esto es, el 62.70% de asuntos radicados en los órganos jurisdiccionales, mientras que el 37.3% restante está dentro del plazo legal para ser resueltos oportunamente, información obtenida con base en el Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración por el que se aprueban las medidas para mejorar el desempeño de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, publicado en el DOF el 12 de agosto de 2026, documento que vale la pena analizar, y así darnos cuenta donde estamos y hacia dónde vamos.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.