VENTANA POLÍTICA
Por: Guillermo M. Nava
La reforma a la Ley de Amparo aprobada sin apego al debido proceso legislativo y con un transitorio que viola el principio constitucional de la no retroactividad, confirma una vez más la intención de Morena de establecer en México una dictadura en la que los ciudadanos ya no tengamos instrumentos jurídicos de defensa frente a los abusos del poder.
Recurrir al juicio de amparo siempre servía para proteger los derechos humanos y si bien se cometían abusos en el uso de ese recurso, siempre hay la posibilidad de que se imponga el estado de derecho y prevalezca la justicia, cosas que ahora ya no podrán existir en virtud de que con esta reforma la gente no se va a poder defender si se le violenta un derecho humano, como la libertad, la propiedad o cualquier derecho humano.
La gravedad de esta nueva disposición implica que ningún ciudadano podrá ampararse por ejemplo ante un decreto de expropiación y aunque recurra al juicio, simplemente el juez determinará que no procede porque la nueva ley le da prioridad al estado antes que al ciudadano.
Con esta reforma aprobada por la aplanadora de Morena y sus aliados incondicionales, el menaje es claro: ahora la autoridad podrá hacer lo que le dé la gana, con el agravante de que la reforma es retroactiva a todos los juicios de amparo que estén en proceso y que aún no tienen sentencias de suspensión definitiva, sea cual sea la materia que esté en litigio, lo que además derrumba otro principio constitucional como es la presunción de inocencia.
Recurrir al amparo, jugaba un papel importante por ejemplo cuando alguien era acusado, pues a partir del principio de la presunción de inocencia, la persona podía ampararse para que no ocurriera una orden de aprehensión en su contra al considerar que fue acusado injustamente, pero ahora esto prácticamente se elimina ya que no se podrá obtener la suspensión provisional de un Juez de Distrito, menos cuando ahora el gobierno de la 4T ha nombrado jueces a modo, de tal forma que de nada valdrá argumentar violaciones de derechos humanos.
Tratándose de delitos que no ameritaban prisión preventiva oficiosa, los ciudadanos podían recurrir al amparo contra órdenes de aprehensión y se podía dar la suspensión del acto, con lo que en primera instancia se evitaba el llegar a la prisión, a no ser que la autoridad ministerial acreditara debidamente el delito o los delitos cometidos, el juez negaba la suspensión definitiva o por el contrario la otorgaba, si no se acreditaba el delito. Con la reforma, ahora el sujeto tiene que demostrar de forma directa que se le está violando el derecho humano.
Un ejemplo claro de este desamparo y nuevo abuso de poder de Morena lo podemos encontrar en los miles de amparos que los ciudadanos tuvieron que interponer para obligar al gobierno a que les otorgaran los medicamentos para los niños enfermos de cáncer y que al obtenerlo, las instituciones de salud se vieron obligadas a dar las medicinas. Eso ahora ya no podrá darse y aunque el problema del desabasto de medicamentos sigue ocasionando la movilización de muchas familias o grupos y colectivos que exigen la atención y las medicinas, ahora ya no podrán recurrir al amparo para pedirle al gobierno que les entregue los tratamientos necesarios, pues queda establecido que no proceden los amparos colectivos. También deja de existir el interés legítimo.
Ahora lo que estaremos viendo, luego de la reforma al poder judicial, es que los jueces solo darán amparos a los amigos, a los que paguen bien o a los que quiera beneficiar el gobierno, por lo que ya no valdrá lo que diga la ley, si no lo que a discreción determine el juzgador o según las instrucciones que reciba de arriba.
Pero lo que es de llamar la atención, es que frente a este atropello descarado a la constitución, al proceso legislativo y a los derechos humanos, los colegios, barras y federaciones de abogados, guarden silencio y apenas algunas voces de la COPARMEX, algunas calificadoras y escasos juristas alcen la voz para señalar la gravedad de esta medida y los efectos que tendrá no solo para los derechos humanos, sino para la vida democrática, para el ejercicio de las libertades y desde luego para el desarrollo económico, pues es claro que nadie querrá invertir donde cada vez son más escasas las garantías jurídicas. Nunca podrá aceptarse que con la reforma se dé prioridad al interés del estado por encima de las garantías individuales y colectivas. Por mucho que la presidente y los legisladores digan que esta ley busca recuperar recursos públicos por adeudos fiscales de quienes están en proceso de amparo, Lo que vemos es un abuso y concentración de poder.
Ahora sí habrá materia para ver de qué está hecha la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, frente a las controversias y acciones de inconstitucionalidad que se presentarán.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.