Por: Ángel Durán.
El juzgado cuarto familiar del poder judicial, que se encuentra en Colima, está incompleto; desde hace poco más de dos semanas, una de tres secretarías de acuerdos, está vacante.
El poder judicial debiera informar, cuál fue el motivo de por qué esta servidora pública ya no está laborando; aunque se trata del gobierno interno del poder judicial, la sociedad y la comunidad jurídica, deben de saber el motivo; si la servidora pública renunció, si pidió licencia, si fue separada del cargo por alguna responsabilidad; el derecho a la información en materia de justicia es importante para la comunidad jurídica y la sociedad.
El encargado de proporcionarle, es el mismo poder judicial; lo anterior, en razón del derecho que tiene la sociedad a recibir información oportuna, verás y con base en la verdad.
Esto lo establece la Constitución federal en su artículo 6 y 7, así como el artículo 5 de la Constitución colimense; sin embargo; ambas constituciones han sido violentados por parte del sistema de justicia local al negar la información del por qué está vacante la secretaría de este tribunal.
La ausencia de esta servidora pública, sin información oficial del poder judicial, ha provocado el rumor, que sus mismos colegas funcionarios, digan que fue cesada, ¿por qué? no se sabe, solamente el Pleno del STJE tiene la información.
Otra cuestión grave a consecuencia de la ausencia de dicha servidora pública, es que, de por sí los asuntos no avanzan, esto ha ocasionado todavía más el tortuguismo judicial; lo que el Pleno del STJE debiera resolver; de momento, con una secretaria provisional o interina, mientras regresa la servidora pública o se designa mediante procedimiento y, a través de convocatoria a otro u otra que tenga méritos y capacidades; pero un tribunal no puede quedar incompleto, ya que se retrasa la administración de justicia y se viola el artículo 17 de la Constitución mexicana.
El STJE tiene personal para sustituirla, hay una plantilla de proyectistas y personal capacitado para desempeñar ese cargo y evitar que permanezca vacante esa plaza, está causando muchos problemas y el Pleno tiene que reaccionar de inmediato para evitar rezago e inconformidad entre la comunidad jurídica.
Los y las litigantes, señalan que, tienen promociones sin acordar, hasta por más de cuatro meses, aunque esto no es novedad, todos los tribunales tienen este mismo problema, pero aquí se agrava, porque ni siquiera puedes acudir para gestionar que cumplan con la ley, ya que ésta establece que, desde el momento en que presentas una promoción o demanda, se debe de acordar su trámite en un plazo máximo de tres días.
En Colima es letra muerta, en perjuicio de los justiciables y de la misma sociedad, pues la Constitución establece, que la justicia debe ser pronta y expedita y esa prontitud se refiere a que, las autoridades judiciales tienen que tramitar los procesos tal y como lo dice la ley, y si ésta obliga a que ellos (juzgadores) acuerden una promoción en tres días y la están resolviendo después de cuatro meses, entonces, sigue la violación a los derechos humanos de acceso de justicia, en contra de quienes por alguna razón, acuden a los tribunales, problema que se tiene que resolver por parte del poder judicial local.
Por eso es importante, que el pleno resuelva esta problemática y designe provisional o definitiva a una persona que ocupe esa secretaría, eso sí, que lo haga con responsabilidad y que la que lo ocupe, sea capaz para desempeñar ese cargo.