CN COLIMANOTICIAS
Filipinas.- El hombre se seca las lágrimas y explica que sobrevivió a la masacre de nueve trabajadores de la caña de azúcar en octubre gracias a que había ido a cargar su celular.
De acuerdo con DINERO EN IMAGEN, las víctimas formaban parte de un grupo más grande de trabajadores que, hartos de las discusiones legales interminables sobre la redistribución de la tierra de una plantación llamada Hacienda Nene, un día decidieron comenzar a cultivar una parte de ella. Los asesinatos ocurrieron esa misma noche.
Las autoridades afirman que sospechan de insurgentes comunistas, con lo que dan a entender que estos mataron a los suyos para generar solidaridad hacia su causa. El sobreviviente se burla de eso y sostiene que los propietarios de las tierras son los que se benefician de la intimidación a los desposeídos. “La ironía es que la gente del pueblo alimenta a sus asesinos”, señala con amargura.
Según la Federación Nacional de Trabajadores del Azúcar, un grupo de activistas, desde 2016 han sido asesinados 69 campesinos en Negros, una isla donde aproximadamente 300 mil trabajadores producen cerca de la mitad de la caña de azúcar de Filipinas.
Los trabajadores deberían ganar más o menos 300 pesos (5,75 dólares) al día. De acuerdo con los activistas, en la práctica, a menudo reciben 100 pesos o menos. Además, desde la siembra en abril hasta la cosecha en agosto —el “tiempo muerto”— con frecuencia no ganan absolutamente nada. La redistribución de la tierra de las grandes fincas en beneficio de los trabajadores desposeídos quizá ofrezca una salida a esta penuria.
De hecho, la Constitución menciona la distribución justa de las tierras de cultivo como una meta fundamental del Estado. Sin embargo, el avance es lento y los alborotos por una reforma más enérgica a menudo son mortales.
Según el Programa de Reforma Agraria Integral, adoptado en 1988, los arrendatarios agrícolas y los trabajadores agrícolas sin tierras tenían derecho a solicitar al gobierno tierras propias. Estas tierras serían resultado de adquisiciones —forzadas si fuera necesario— procedentes de propietarios de grandes fincas, los cuales solo podrían conservar cinco hectáreas de tierra, más otras tres para cada heredero.
Entre 1987 y 2016, el gobierno gastó 286 mil millones de pesos en ese programa. Distribuyó 4,8 millones de hectáreas de tierra a 2.8 millones de beneficiarios. Pese a que el programa debía terminar en 2016, el gobierno sigue trabajando en una gran cantidad de casos pendientes y le falta dividir aproximadamente 600 mil hectáreas, la mayor parte en Negros.
El presidente Rodrigo Duterte, quien tomó el poder hace tres años, prometió medidas rápidas. Al principio, eligió a un activista agrícola para dirigir el Departamento de Reforma Agraria, lo cual alegró a los campesinos pobres. No obstante, un comité del Congreso integrado por propietarios de tierras impidió ese nombramiento.
El problema es en parte administrativo. Infinidad de organismos y departamentos del gobierno han tenido problemas para trabajar juntos con el fin de determinar quién debe recibir la tierra y cuál es su valor. Los registros son irregulares y, evidentemente, los propietarios de las tierras se muestran reticentes. Sobran los vacíos legales que permiten que los ricos conserven sus tierras.
Según Rolando Rillo, de la Federación Nacional de Trabajadores del Azúcar, están exentos, por ejemplo, si pueden alegar que utilizan sus tierras para acuacultura, ecoturismo, o para la cría de ganado. Existe otro vacío en el uso de las tierras agrícolas para proyectos de construcción, un proceso que Duterte dice que desea facilitar.
Además, incluso cuando la redistribución sigue adelante, los beneficiarios a veces se encuentran con problemas. Puede ser difícil ganarse la vida con una sola hectárea de caña de azúcar, el tamaño de la parcela que han recibido muchos campesinos en Negros. Algunos no pueden pagar los insumos, como semillas y fertilizantes, ni mucho menos instalar sistemas de irrigación. Los gobiernos consecutivos no han cumplido las promesas de proporcionar dinero y respaldo técnico.
La Federación Nacional de Trabajadores del Azúcar calcula que el 70 por ciento de las tierras redistribuidas de las plantaciones de caña de azúcar en Negros se han rentado nuevamente a los propietarios originales.
No obstante, la reforma agraria ha hecho cosas positivas. En un estudio de 2015 se vio que los hogares que se habían beneficiado de la redistribución tuvieron ingresos más altos. En 2009, el Banco Mundial encontró “algunos impactos positivos en el bienestar de sus beneficiarios”.
Sin embargo, son más eficaces otros planes para combatir la pobreza. Cuando se trata de mejorar el bienestar de las personas pobres de las zonas rurales, “las transferencias de dinero condicionadas superan a otros programas”, afirma Roehlano Briones del Instituto Filipino de Estudios del Desarrollo.
Además, parece que las reformas agrarias atizan los conflictos. Las autoridades sostienen que los activistas que las defienden son comunistas secretos que reclutan campesinos para el Nuevo Ejército del Pueblo, un grupo insurgente con 50 años de existencia al cual Estados Unidos etiqueta como terrorista. Un activista admite: “Existe cierto entrecruzamiento”. Tal vez haya de 300 a 400 guerrilleros del Nuevo Ejército del Pueblo en Negros alineados contra unos 2,000 soldados.
El presidente ha comenzado una campaña para pacificar la isla. “Es muchísimo peor bajo el mandato de Duterte”, señala el exlíder de una cooperativa agrícola ubicada cerca del pueblo de Toboso, al describir una reciente oleada de asaltos nocturnos en su aldea por parte de los soldados. Las conversaciones de paz intermitentes con los líderes del Nuevo Ejército del Pueblo no han contenido la lucha.
A través de unas rejas bajo llave en Bacólod, la ciudad más grande de Negros, un activista comenta que él y su familia han hablado acerca de las probabilidades de que lo maten. No obstante, se muestra optimista ante el hecho de que cuando ocurra su asesinato, al menos este servirá para motivar a otros militantes.