AL DESNUDO
Por: Édgar Rodríguez H.
El pasado 28 de septiembre, como lo marcan los tiempos, la titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), Indira García Pérez, entregó al Congreso del Estado el informe de resultados de auditorías 2018, que incluye a 29 entes públicos (10 ayuntamientos, 9 organismos operadores de agua, 3 poderes y 7 organismos autónomos) que en su conjunto reunieron, ni más ni menos, 2 mil 362 observaciones, de las cuales 2 mil 140 no fueron solventadas y 222 no fueron atendidas.
Pero más allá de que la entrega del informe de observaciones se hizo en tiempo y forma, habría que resaltar que el trabajo de fiscalización de la auditora se llevó a cobo como nunca antes, reflejando un gran profesionalismo e independencia, no por el gran número de observaciones presentadas, sino porque deja en claro que no hay privilegios ni concesiones para nadie, a todos, los 29 entes fiscalizados entre los cuales se encuentra el gobierno del estado, se les hicieron observaciones.
De ahí que a Indira García ya se le conozca en los corrillos políticos como la “Dama de Hierro”. Antes no es que los gobiernos en turno fueran muy transparentes o escrupulosos en sus cuentas, pero el hecho de tener un auditor o auditora a modo al igual que un Congreso del Estado blandito, les permitía salir bien librados. En esta ocasión fue diferente, no sucedió la mismo y hasta el gobierno estatal tuvo observaciones cuando en otros tiempos no se le tocaba ni con el pétalo de una rosa.
Indira García mostró temple, verticalidad y firmeza en el informe final que presentó ante el Congreso Local, el cual seguirá su procedimiento que por ley debe cumplirse trasladando las observaciones no solventadas a la unidad de investigación del propio OSAFIG para que ahí se analicen y califiquen, ya sea como faltas graves o no graves y en consecuencia establecer cuáles deberán proceder a una investigación ante la fiscalía especializada anti corrupción y luego pasar al Tribunal de Justicia Administrativa donde serán solventadas y finalmente serán dirimidas en los órganos internos de control de cada ente fiscalizador.
Tarea maratónica que aún debe cumplir OSAFIG, si consideramos que mientras resuelve estos asuntos del 2018, paralelamente debe mantener las revisiones y avances de fiscalización correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
Pero mientras esto sucede hay políticos que empiezan a rascar y rascar para politizar las observaciones y jalar agua a su molino, incluso, como una forma de desinformar a la ciudadanía, las presentan como hechos consumados de corrupción, cuando aún falta un largo trecho administrativo para delimitar si se consumó o no un acto irregular.
El diputado perredista neopanista Francisco Rodríguez García, es uno de estos políticos que acostumbrado está hacerse notar con acusaciones sin fundamento y más cuando se trata de atacar al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, a quien ya hasta pretende promover un juicio político por las observaciones que aún tienen un curso. Pero lo peor es que calla y esconde lo que a él concierne en el mismo informe final presentado por OSAFIG, donde aparecer inmiscuido en un posible acto de corrupción cuando fungía como síndico municipal en el ayuntamiento capitalino durante la administración de Héctor Insúa; si el diputado doble moral quiere enjuiciar al gobernador, tendría que poner el ejemplo de coherencia enjuiciándose primero a el mismo.
Pero políticos los hay de todo y con mañas distintas y en el escenario no podía faltar el diputado con bastante experiencia para hacer cochupos, Arturo García Arias, a quien se le reconoce no por ser un excelente legislador, sino por su habilidad para hacer negocios turbios con las cuentas públicas, ofreciendo a los funcionarios señalados en el informe final de OSAFIG, salir bien labrados de alguna imputación o sanción por corrupción a cambio del respectivo diezmo $$$.
Se dice que…
*Tan acostumbrado está a las malas prácticas aprendidas cuando fue legislador y presidía la Comisión de Responsabilidades bajo las siglas del PRI, que el diputado Arturo García Arias pretende continuar igual en la 59 Legislatura Local, convirtiéndose en gestor de los malos funcionarios señalados en los informes del OSAFIG.
*Para desgracia de los actuales diputados locales, pero para fortuna de los colimenses, la nueva Ley General de Responsabilidades, quitó de toda injerencia a los legisladores impidiéndoles intervenir o modificar un punto o una coma de la labor que realizan los organismos del sistema nacional anticorrupción.
*Los colimenses podrán estar tranquilos, más no conformes, hasta que finalice en su totalidad el proceso de revisión, fiscalización, investigación y sanción ante cualquier acto de corrupción ejercido por los gobernante o funcionarios públicos; sin distinciones, caiga quien caiga, los ciudadanos están en espera de que se ejerza la ley con mano dura, pero, sobre todo, de que se erradique ese cáncer que tanto ha dañado al país y a Colima, como lo es la corrupción.